Sobre la inejecución -condicionada- de algunas sentencias

LegalToday.com, 28-01-2016. Revista AJA, 29-1-2016, nº 915. Págs.2.

Ocurre, en ocasiones, que la ejecución de una sentencia puede determinar un perjuicio mayor que el derivado de su inejecución. El supuesto está contemplado con carácter general en el art. 18.2 de la LOPJ, que tras indicar que “las sentencias se ejecutarán en sus propios términos”, puntualiza que “si la ejecución resultara imposible, el Juez o Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria y fijará en todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquella no pueda ser objeto de cumplimiento pleno”.
La imposibilidad de que trata el precepto, que parte del principio de “proporcionalidad”, puede ser fáctica (tanto técnica como en términos de beneficio-coste) o jurídica (al concurrir intereses y derechos opuestos).
Una aplicación práctica de esta norma general la ha llevado a cabo la reciente reforma de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, introducida en virtud de la Ley Orgánica 7/15 de 21 de julio, modificadora también de la LOPJ.
Resulta que, al hilo de la burbuja de la construcción experimentada en nuestro país en la pasada década, fallaron estrepitosamente los mecanismos de control de la Administración, especialmente los de carácter preventivo, produciéndose un gran número de construcciones que tiempo después los Tribunales terminaron declarando ilegales por contrarias a la normativa urbanística, pero sin que la Administración diera publicidad alguna, mediante las anotaciones correspondientes en el Registro, de los expedientes y procedimientos judiciales incoados al respecto. Por esta falta de diligencia administrativa, resultó que gran número de ciudadanos, tanto españoles como extranjeros, adquirieron, como consumidores finales, viviendas y locales en edificios, aparentemente “sanos”, pero que después fueron declarados faltos de la necesaria licencia, conllevando las sentencias correspondientes la ejecución de la correspondiente orden de derribo.
Como quiera que la estricta aplicación de estas sentencias conllevaba una ejecución “erga omnes” de su fallo, hasta el punto de afectar a los terceros de buena fe protegidos por el art. 34 de la Ley Hipotecaria, y enfrentaba la normativa y jurisprudencia contenciosa (Ss. 26-9-06, Ar. 6665, 4-2-09, Ar. 3306) con la normativa y jurisprudencia civil (Ss. 26-1-00, Ar. 121, 17-6-03, Ar. 5845), esto hizo recapacitar al legislador, buscando una solución atemperadora de tan nefasta situación.
El hecho, además, de que tales demoliciones pudieran conllevar una carga económica extraordinaria para los ciudadanos de los municipios afectados, no solo por el coste de la demolición en sí, sino también por el probable pago de indemnizaciones a los adquirentes de buena fe, ante la presumible insolvencia de las promotoras y vendedores intervinientes, junto con la implicación de un gran número de perjudicados, incluso de otros países de la Unión Europea, con quejas a las Instituciones Comunitarias sobre la falta de seguridad jurídica en España, ha llevado a que el legislador de nuestro país haya introducido una norma flexibilizadora en el apartado 3 del art. 108 de la citada Ley de la jurisdicción contenciosa en virtud de la reforma citada.
Dispone este nuevo precepto que antes de llevarse a efecto la demolición, el Tribunal “exigirá como condición previa … la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe”.
Se salva así la aparente antinomia existente entre el principio general de ejecución estricta de las sentencias, especialmente las que afectan al orden público de carácter “erga omnes”, y la protección de los terceros de buena fe que recoge la legislación hipotecaria, y se hace todo ello sin afectar gravemente al principio de seguridad jurídica que sanciona el art. 9.3 de la Constitución.
Y es que “tan constitucional es una ejecución de sentencia que cumple el principio de identidad total entre lo ejecutado y lo establecido en el fallo, como una ejecución en la cual, por razones entendibles, la condena sea sustituida por su equivalente pecuniario” (T.C. 17-10-91, Ar. 194). Y si puede ser “sustituida”, es obvio que también puede ser “condicionada”, pues es máxima jurídica “qui potest plus, potest minus”.
Un modo de legislar muy inteligente y todo un acierto, en nuestra opinión, que ya tenía como precedente la reforma del Código Penal realizada en virtud de L.O. 1/15 de 30 de marzo, que dispuso en el número 3 del art. 319, que los Tribunales “condicionarán temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago” de las indemnizaciones debidas a los terceros de buena fe.