RESTITUCIÓN DE PRESTACIONES EN LOS CONTRATOS BANCARIOS ABUSIVOS. PLAZO DE EJERCICIO

La Ley nº 9813, 18-03-2021

1. Derecho nacional.

Conforme al Texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Decreto Legislativo 1/07 de 16 de noviembre: «Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas… Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho» (art. 8). 

También los arts. 8 y 9 de la Ley 7/98 de 14 de abril de Condiciones Generales de Contratación, establecen que «serán nulas de doble derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.», «La declaración judicial de no incorporación al contrato o de nulidad de las cláusulas de condiciones generales podrá ser instada por el adherente de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual».

No se trata de una simple anulabilidad del contrato regulada en los arts.  1300 y 1301 del Código Civil, sino de una nulidad de pleno derecho «en raíz e ipso iure» y, por ende, imprescriptible. 

El art. 1303 establece, como secuela, que: «Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses…».

Existe discusión en nuestra doctrina acerca de si el plazo de la acción de restitución es de caducidad o de prescripción, así como sobre la duración de dicho plazo.

Entendemos, que tras el reconocimiento o declaración judicial de nulidad de la cláusula abusiva, surge como efecto la restitución de prestaciones que, si no es asumida voluntariamente, acarreará una reclamación judicial cuyo plazo de ejercicio no se abre, si no a partir del momento en que la declaración de nulidad se produce, pues esta es inequívocamente la causa de dicha restitución y así lo dispone literalmente el precepto citado.

Consideramos, que en nuestro derecho nacional, sería un desatino pretender la restitución, sin la previa declaración de nulidad de la cláusula, que es su necesario antecedente. 

Del mismo modo que, a la inversa, hemos de descartar la idea de retrotraer el plazo para la restitución al momento de celebración del contrato o a cualquier otro, obviando la ineludible declaración de nulidad del mismo o de sus cláusulas, siendo por demás, ambas acciones acumulables.

Por otro lado, a diferencia de la mención expresa contenida en el art. 1301 del Código respecto del plazo de ejercicio de la acción de anulabilidad, que se dice «solo durará cuatro años» y que, por ello, se considera mayoritariamente de caducidad, estimamos que el plazo para obtener la restitución de las prestaciones recíprocas derivadas de la declaración de nulidad absoluta de una cláusula abusiva, debe considerarse como común de prescripción y, por ello, susceptible de interrupción.

En cuanto a su duración, parece claro que por disposición del art. 1964.2º del Código, está será la general de las acciones personales, de cinco años.

Resaltamos finalmente, como fiel de la balanza, que en esta materia no cabe  nunca una interpretación restrictiva, en contra de los principios tuitivos de los  derechos de los consumidores y adherentes, que recoge la legislación especial y que tiene incluso engarce constitucional.

2. Derecho comunitario.

La cuestión ha sido abordada en el asunto CE-224/19 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 16 de julio de 2020, interpretando el art. 6.1 de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Esta importante sentencia apuntala las anteriores conclusiones, al propio tiempo que fija el abanico de posibilidades que, en el marco de la Directiva, pueden adoptar las legislaciones nacionales respecto de la acción de nulidad y de la acción de restitución:

1) No se opone al derecho de la Unión la normativa nacional que reconoce el carácter imprescriptible de la acción de nulidad. 

2) No se opone al derecho de la Unión la fijación de un plazo de prescripción -posterior- de la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de esta declaración de nulidad.

3) El plazo de cinco años para esta acción restitutoria posterior se considera conforme con el principio de efectividad, e incluso pudiera ser de tres o de dos años.

4) Las legislaciones nacionales pueden establecer que el plazo de prescripción comience a correr a partir de la celebración del contrato y no de la declaración de nulidad de la cláusula.

5) En este último caso, el plazo de cinco años para reclamar la restitución se considera que hace excesivamente difícil el ejercicio de dicho derecho.

6) Por último -se recuerda-, el Tribunal de Justicia hace siempre referencia a plazos de prescripción -por consecuencia interrumpibles-. Nunca de caducidad.