Reforma del baremo de indemnizaciones y derechos esenciales de las víctimas

Actualidad Jurídica Aranzadi nº806, 21-10-2010. Págs. 2.

Dentro de la reforma del baremo indemnizatorio hay cuatro cuestiones que me preocupan y que, en mi opinión, hay que salvaguardar a toda costa:

1.- Garantizar la libertad de las víctimas para efectuar sus reclamaciones.- En ningún caso puede obligarse a las víctimas, en el ámbito de los accidentes de circulación, a someterse al examen físico de valoradores designados unilateralmente por las aseguradoras, convirtiendo a éstas así de facto en “Juez y parte” a la hora de fijar sus indemnizaciones, quedando en total indefensión.

El art. 18.1 de nuestra Constitución garantiza la intimidad personal, de la que forma parte la intimidad corporal, inmune frente a toda indagación o pesquisa que sobre el cuerpo quisiera imponerse contra la voluntad de la persona, que queda así protegida por el ordenamiento jurídico (T.C. 15-2-89).

Para la fijación de los daños y perjuicios y subsiguiente cuantificación de la indemnización de las lesiones, para lo cual es necesario informe médico, es obvio que éste podrá ser prestado por cualesquiera médicos que hayan tratado o examinado al lesionado y, por supuesto, por los especialistas correspondientes.

2.- Garantizar la reparación integral de los daños fisiológicos.- Sólo una valoración pormenorizada de los daños conduce a una reparación integral de estos, de tal modo que nada quede sin reparación (Resolución 75/7 CE). Cualquier englobación de unas secuelas dentro de otras contradice este principio en la medida en que el daño biológico debe ser reparado en su integridad y, por ello, tanto en su vertiente funcional, como anatómica, como dolorosa, psíquica, etc., que no se superponen, sino que se complementan a estos efectos. Cualquier regla de englobación o subsunción de secuelas debe ser rechazada.

El primer baremo del año 95 (Ley 30/95) era en este sentido más completo y carecía de reglas de englobación. Se debería volver a él.

3.- Garantizar indemnizaciones justas.- “si las cuantías indemnizatorias no son auténticamente reparadoras (y aún con toda la carga que conlleva este concepto indeterminado, todos tenemos una idea muy aproximada de lo que debe significar), el sistema termina siendo o puede constituirse en un instrumento peligroso de injusticia” (como indicara el Magistrado Ruiz Vadillo[1]); a cuyos efecto actuales, según indica el Profesor Sánchez Calero[2] es de hacer notar: 1) El primer baremo de 1995 tomó como referencia el importe mínimo del seguro obligatorio del automóvil establecido entonces por las Directivas Comunitarias en 350.000 ecus por víctima. 2) En el año 2004, por presión de las compañías aseguradoras, se forzó una reforma del baremo que supuso la refundición de conceptos y secuelas indemnizables y supuso en la práctica una injustificada reducción de las indemnizaciones a las víctimas del orden del 50%. 3) Los importes mínimos actuales del seguro obligatorio del automóvil alcanzan hoy a 1.000.000 euros por víctima (5ª Directiva 2005/14/CE), y, para ponerse a este nivel, las cuantías indemnizatorias del baremo español debieran multiplicarse por tres, pues ha quedado totalmente anquilosado desde hace quince años con referencia a un importe mínimo asegurado de 350.000 euros, como argumenta el citado Profesor y Presidente de SEAIDA. 4) Los enormes beneficios de las compañías aseguradoras durante todos estos años a costa de las víctimas no pueden ser ocultados y están a la vista. Los ingresos de la primera aseguradora española en el año 2009 han ascendido a 18.830 millones de euros, con un incremento del 6,3% (Reuters).

Lo que verdaderamente interesa a todas las víctimas es el valor económico de cada punto de secuela, de cada día de incapacidad y de cada factor corrector, etc., todo lo cual debe ser aumentado significativamente.

4.- Establecimiento de una cláusula general de garantía.- El cierre del sistema debe ser abierto. Como ya indicara Ruiz Vadillo1, se debe mantener cierto margen de discreccionalidad en los Jueces y Magistrados que debe estar entre un 15% o 20% con carácter general y, si el Juez se quiere separar de la tarifa legal por considerar que el hecho es atípico, le deberá ser exigida una motivación expresa demostrando que el criterio establecido en la norma no era realmente subsumible en el caso juzgado por su especifidades.

Los acuerdos y las transacciones son posibles porque siempre existe la amenaza del proceso, con las cargas y riesgos que supone para todas las partes. Si se restringe en exceso o se elimina esta posibilidad, se deja en indefensión manifiesta a la parte más débil en conflicto, convirtiéndole en un mero “limosnero” bajo la bota de la otra, sin arma alguna con la que defenderse. Se vulnera el principio “pro damnato” y se puede infringir el derecho a una tutela judicial efectiva sin indefensión que garantiza el art. 24 de nuestra Constitución.

[1] Enrique Ruiz Vadillo “La Ley 30/1995 de 8 de diciembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados: Los baremos”. Revista Española de Seguros nº 85, enero/marzo 1996.

 

[2] Fernando Sánchez Calero “La revisión del baremo y la vigencia de la Quinta Directiva en el seguro del automóvil”. Revista Española de Seguros nº 128, octubre/diciembre 2006.