PANDEMIAS Y PROCESOS

La Ley nº 9618 de 22-04-20

I

Teniendo en cuenta la extrema gravedad de otros virus (ébola, dengue…) que la globalización puede extender en cualquier momento por el planeta, el coronavirus chino que actualmente nos asusta y la tardía, aunque exorbitante, reacción mundial frente a este, puede considerarse un ensayo preparatorio y una experiencia de la que aprender, para un futuro mejor.

Pero, al mismo tiempo, ha puesto de relieve la necesidad de un cambio de hábitos en las relaciones humanas que, al igual que sucediera con el sida, se regirán en lo sucesivo por una mayor formalidad y precaución.

II

En el ámbito jurisdiccional, que es el que nos ocupa, habrán de revisarse criterios y principios que se daban por supuestos, modulándolos en lo necesario para evitar riesgos a todos los intervinientes en los procesos, como son los de oralidad e inmediación, y, de cara a la salida y recuperación de la crisis y paralización de toda la vida pública provocada, apostar decididamente por los principios de celeridad, eficiencia y protección de todos los ciudadanos.

III

En este sentido, y en el marco de las medidas de agilización procesal ordenadas en la D.A. 19 del Decreto Ley 11/20 de 31 de marzo, con ánimo constructivo y como un simple grano de arena, con toda humildad, me permito efectuar las siguientes sugerencias:

a) En el ámbito Penal: Despenalizar todos los delitos de riesgo sin resultados lesivos, en la conducción de vehículos (alcoholemias), dejando su reproche al ámbito administrativo sancionador que le es propio y desbloqueando esta jurisdicción que, en un enorme porcentaje se ocupa de estos asuntos. Ello permitirá liberar también a los Fiscales  y encomendarles labores de mayor enjundia.

b) En el ámbito Administrativo: Reducir la duración del expediente previo a la mitad y suprimir toda paralización del mismo por la práctica de diligencias que le son inherentes. Trasladar la competencia para el conocimiento de la responsabilidad civil de la Administración y sus aseguradoras, cuando aquella actúa como sujeto de derecho privado -desprovista de imperium- al ámbito que le es propio, el de la jurisdicción civil; desbloqueando la impropiamente sobrecargada jurisdicción contenciosa.

c) En el ámbito Civil: Teniendo en cuenta que esta jurisdicción es base y madre de todas las demás, a las que inspira y complementa, se estima conveniente:

-Ampliar el juicio verbal hasta los 300.000 € de cuantía, con posibilidad de prueba anticipada y juicio oral concentrado en una sola sesión, reservando el juicio ordinario para reclamaciones colectivas y asuntos de cuantía superior.

-Eliminar las periciales de parte, configurándolas como informes documentales válidos como tales, y encomendar la pericia judicial al Juez, previa formación judicial de listas cerradas de especialistas con experiencia contrastada, en cada demarcación.

-Suprimir toda clase de tasas y costas, sancionando con esta solamente conductas gravemente contrarias a la buena fe.

-Reducir los plazos para recurrir y exigir rigor absoluto en los de dictar sentencia.

d) En el ámbito Social: Adoptar medidas de refuerzo de jueces y creación temporal de nuevos juzgados allí donde se necesiten, con urgencia.

e) En el ámbito Mercantil: Establecer juzgados especializados en todos los partidos judiciales de relieve y no solo en las capitales de provincia, con carácter urgente.

IV

A mayor abundamiento -la necesidad hace virtud- debería aprovecharse la ocasión para potenciar los medios telemáticos de comunicación de todo orden, incluyendo la celebración de actos procesales a través de vídeo-conferencias con participación simultánea de todos los intervinientes, incluyendo abogados, peritos, testigos y, por supuesto, jueces y letrados judiciales.

V

Por último, establecer premios e incentivos a la eficiencia y productividad, para cuantos sirven a la Administración de Justicia. 

VI

Las medidas anteriormente propuestas van en la línea del minucioso documento de trabajo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en materia organizativa y procesal, que se acaba de publicar, dirigidas en su mayor parte a la protección de los ciudadanos y la agilización de los procedimientos judiciales.

Estando dicho documento abierto a cuantas aportaciones resultantes pertinentes, damos por reproducidas nuestras anteriores sugerencias al efecto.

Solo puntualizar, que la regulación que se propone del llamado “pleito testigo” y de la “extensión de los efectos de su sentencia”, dadas las particularidades concretas de cada caso, tanto fácticas como jurídicas, que pudieran apuntar a una no total coincidencia, debiera contar con la aquiescencia de las partes del pleito reflejo para su aplicación, con la inequívoca asunción de los riesgos que su negativa pudiera acarrearles.