Lícita negativa de la víctima al reconocimiento por peritos de Aseguradoras

NOTA EN RELACIÓN AL AUTO

AP CORUÑA SECC. 3ª 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

LÍCITA NEGATIVA DE LA VÍCTIMA AL RECONOCIMIENTO

POR PERITOS DE ASEGURADORAS

Diario La Ley nº 9273, de 5-10-2018

La negativa de las víctimas, haciendo uso de su derecho constitucional (arts 1, 18.1 y 24, T.C. 15-2-89), a ser reconocido por facultativo nombrado unilateralmente y con absoluta parcialidad por las aseguradoras, bien en fase extrajudicial o judicial, no es arbitraria ni caprichosa, y así se desprende del Auto AP Coruña citado, sino que se funda, resumidamente, en las siguientes razones, esgrimidas en el recurso que dio origen al citado Auto.-

                        Una cosa es la “colaboración” y otra muy distinta la “sumisión” y el “abuso”.

A la primera se refiere el art. 7 número 1 párrafo 3º, de la Ley RC Automóvil, en redacción dada por Ley 35/15, cuando exige al perjudicado para que pueda ser indemnizado por el asegurador, la formulación de una reclamación extrajudicial que debe incluir “cuanta información médica, asistencial o pericial, o de cualquier otro tipo, tenga en su poder, que permita la cuantificación del daño”,en forma muy flexible.

La segunda, es la pretensión de la aseguradora que debiera de indemnizar a la víctima a la vista de dicha reclamación, de inmiscuirse en datos y reconocimientos reservados de salud y convertirse en “juez y parte” a través de personal contratado y pagado para ello, en forma totalmente parcial e interesada.

El deber de colaboración entre ambas partes no va más allá de lo indicado en el citado art. 7.1, párrafo 3º, de la Ley, puesto que la referencia que contiene el art. 37.2 del baremo posterior a los “servicios médicosdesignados por cuenta del eventual responsable para que reconozcan y sigan el curso evolutivo de las lesiones”,solo puede remitirse a los centros asistenciales (concertados por imperativo legal de los convenios suscritos al efecto entre el sector asegurador y el sanitario público y privado, a los que se refieren los arts. 8.3 y 114 de la Ley), para el tratamiento médico de las víctimas de los accidentes de tráfico, y enlaza con el deber de remitir, al momento de la reclamación, los hitos fundamentales del historial médico correspondiente al siniestro de que se trate (art. 7.1, párrafo 3º citado).

La única consecuencia penalizadora que hipotéticamente se puede anudar a una postura obstativa de la víctima a este deber de colaboración en el art. 37.2 de la Ley, es la probable pérdida de los intereses moratorios a cargo de la aseguradora. Y nada más que ello, en su caso(art. 4.2 C.Civil). Con absoluto respeto al derecho a dicha negativa, dado su fundamento constitucional, el derecho a la libertad, a la intimidad y a la no indefensión (arts. 1, 18.1 y 24).

Concluye a este respecto el Auto AP Coruña de 19-09-18 que:

“El legislador prevé que la falta de colaboración en fase extrajudicial, la oposición a ser reconocido, constituirá causa para oponerse al devengo del interés especial previsto en el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Esta es la sanción que establece el legislador, y no otra.”.

No es el objeto de las aseguradoras de RC la prestación de servicios médicos, sino el pago de indemnizaciones, no disponiendo de los mismos, sino de peritos a sueldo.

Es obvio que estos peritos parciales no pueden ser los que expidan el “informe médico definitivo”, ni tampoco los encargados de “proporcionarlotanto a la entidad aseguradora como al lesionado”, siendo así que trabajan para la primera. Está claro que el art. 37 no se refiere a los peritos de los seguros, sino a los servicios médicos convenidos para el tratamiento de los lesionados con cargo al seguro obligatorio, en los distintos centros públicos y privados del país, que son los que expiden el informe de alta definitiva y lo proporcionan al lesionado y a la aseguradora.

No obstante, si aún así, el asegurador considera que la documentación remitida por el lesionado es insuficiente para efectuar oferta motivada de indemnización, puede encargar entonces a su costa un informe pericialprivado por sus propios servicios o concertados conforme al art. 7 número 2 de la Ley. Pero en ningún momento surge antes obligación alguna de la víctima de permitir un innecesario ataque a su intimidad personal, ni de quedar sometida al dictamen de valoradores parciales de las aseguradoras, convirtiendo a estas, que les pagan, en “juez y parte”.

Correlativamente, y en aras de los mismos principios constitucionales de libertad, respeto a la intimidad y no indefensión (arts. 1, 18.1 y 24), que rigen en toda la tramitación de la reclamación, en el seno ya del proceso, el art. 336.5 de la LEC no emplea el término “requerir”, sino el de “instar”, es decir, “suplicar o pedir” a la víctima, el reconocimiento por el perito contratado por la aseguradora, pues una orden taxativa sería inconstitucional.

La aseguradora puede, sin embargo, pedir la designación judicial de perito imparcial de las listas judiciales, y aquí la postura de la víctima debe ser radicalmente distinta, pues la objetividad y la imparcialidad se presumen en dichos peritos judiciales, ya que figuran en listas teóricamente al servicio de la Administración de Justicia.

Cuestión añadida será la necesaria depuración de dichas listas, para que quienes las formen sean, además de cualificados y experimentados profesionales, totalmente independientes de entidades aseguradoras.

                       No siendo así, su negativa a caer en manos de peritos parciales contratados por las aseguradoras, para minimizar el alcance de sus lesiones, es un derecho irrenunciable y un deber de defensa imprescindible, que no puede ser soslayado en modo alguno.

Como tampoco es admisible el acceso indiscriminado de tales peritos parciales al historial médico confidencial del paciente, vulnerando sus derechos constitucionales y la legislación sobre protección de datos de carácter personal, con grave riesgo de tergiversación o utilización indebida de los mismos, tanto en el proceso como en otros supuestos imaginables.

Debe recordarse, por último, que el seguro obligatorio de autos, a diferencia del voluntario, no es -no debe ser- un negocio, sino un simple fondo de garantía, que podría perfectamente gestionar el Estado, en virtud del cual se redistribuyen los beneficios y pérdidas del tráfico rodado entre los distintos partícipes en este; de tal modo que las aseguradoras obligatorias pueden ser condenadas, simplemente con ser oídas, en este ámbito, sin más requisitos, como refrenda el Tribunal Constitucional en sentencias de 20-2-89, Ar. 43, y 28-1-02, Ar. 19.

Ello significa que la posición procesal de la aseguradora obligatoria está muy debilitada y legalmente por debajo en relación a los principios “in dubio pro damnato” y de “reparación integral del daño” (T.S. 23 y 27-4-99), que rigen en este ámbito y protegen a las víctimas.

De todo lo cual se deduce y se puede concluir que la víctima, con su negativa, actuará en todo momento amparada por la Ley y la Constitución.

Concluye el Auto AP Coruña de 19-09-18, que:

El Juez valorará en sentencia las consecuencias que pueda tener esa negativa, a la vista de las demás pruebas practicadas y las explicaciones dadas.

El legislador no prevé en la Ley de Enjuiciamiento Civil la posibilidad ni de utilizar la fuerza para vencer esa resistencia, ni siquiera imponer multas coercitivas, ni mucho menos suspender el procedimiento hasta que se acceda, ni constituye en modo alguno una desobediencia a mandatos judiciales”.