“IN DUBIO PRO BANCO”

Diario La Ley, nº 9314, de 10-12-2018

 

Esta es la exclamación de la caricatura del presidente del tribunal en la viñeta de Peridis, publicada en el diario El País el 11-11-18.

Y así ha sido y no debería ser de ninguna manera.

Los Jueces deciden, o deben decidir, los asuntos con arreglo al sistema de Fuentes del derecho establecido, en cuyo vértice, aunque no lo dice expresamente el título preliminar del Código Civil, está obviamente la Constitución Española, que vincula a todos los poderes y es norma suprema del ordenamiento jurídico (art. 9.1).

En ella se contienen los principios básicos que rigen cada una de las Instituciones jurídico-sociales, empezando, como valor supremo, por “la Justicia” y continuando por los derechos fundamentales (arts. 14 a 38), los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52), incluyendo a los consumidores (art. 51), hasta llegar en definitiva al pueblo español en general, destinatario directo y legitimador en todo de la Constitución misma (preámbulo).

Pues bien, si bien la producción legislativa ha sido y es prolífica y, por ello, extraordinariamente deficiente e incluso contradictoria, ningún juez puede abstenerse de juzgar alegando insuficiencia u oscuridad de la Ley (art. 448 C. Penal), y, por ello, debe acudir a integrar la laguna jurídica o a resolver la contradicción que aprecie con arreglo al sistema de Fuentes del derecho que contiene el título preliminar del Código civil, pero partiendo de la primacía de la Constitución, donde están constitucionalizados -valga la redundancia- todos los principios generales que informan el ordenamiento jurídico.

Es este el llamado “método de los principios generales del derecho”, preconizado por el profesor García de Enterría, con arreglo al cual: “ante la situación actual, del desorden extremo de las normas escritas, solo un esqueleto firme de principios puede permitir orientarse en el magma innumerable de dichas normas, en su mayor parte ocasionales e incompletas, sometidas a un proceso de cambio incesante y continuo. Esta situación nos entrega, insoslayablemente, aunque pueda parecer paradójico, a un pensamiento jurídico de valores o por principios generales.”[1]

En el mundo acelerado en el que vivimos, es una realidad cada vez más clara que el derecho resulta ser lo que finalmente resuelven los altos tribunales, fijando la fórmula de resolución reiterada de concretos conflictos en la sociedad. Así nace hoy el derecho.

Resulta esencial, pues, que dichos tribunales continúen siendo verdaderos tribunales de “Justicia”, y no caigan en la tentación de convertirse en meros ejecutores del poder o cumplir una simple función nomofiláctica.

Cualquier problema jurídico es siempre discutible y opinable. Pero su resolución, esto es, el decantamiento final por la más justa y, por ello la mejor, de las respuestas posibles, es bien sencilla, siempre que no se pierda “el norte”.

Precisamente por ello, la imagen de la Justicia se representa desde la antigüedad con una venda ante sus ojos, para que esta sea su único objetivo y no se desvíe de él.

Este norte, que constituye el ideal de Justicia, lo marca en cada caso el principio general de derecho que prima en cada una de las instituciones en las que el problema se enmarca.

En una cuestión social, el principio “pro operario” (art. 35). En una cuestión de consumo, los principios “pro consumidor” y “contra proferentem” (art. 51). En una cuestión de familia, el “favor filii” (art. 39). En una cuestión indemnizatoria, el principio “pro damnato” (art. 15). Etc.

Los principios generales del derecho tienen carácter “informador” del ordenamiento jurídico conforme al sistema de fuentes del art. 1.4 del título preliminar del Código Civil y, estando recogidos en la Constitución, o desprendiéndose claramente de ella, resulta imperativa su aplicación, al ser la misma norma suprema y vinculante para todos, a la cual debe adaptarse cualquier regla de interpretación y aplicación de la ley, conforme explicita además el art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En definitiva, se trata de potenciar en la aplicación judicial del derecho, la primacía de los Principios Generales -con origen en nuestra Constitución- y que rigen en cada una de las instituciones en las que el caso se suscite, tendiendo hacia un sistema de reglas de derecho -parecido al anglonorteamericano-, que integre la deficiente normativa concreta.

 

– II –

 

Parece mentira que nada menos que nuestro Tribunal Supremo, que lo es de Justicia por encima de cualquier otra consideración, yerre y pierda el norte de los principios generales que deben guiar su actuación en caso de duda interpretativa o integradora.

Es el caso de la retroactividad de las cláusulas suelo de los préstamos bancarios que resolvió erróneamente el Pleno de la Sala de lo Civil, en sentencia de 9-05-13, de auxilio a la banca por razones de estabilidad financiera en contra de los derechos de los consumidores, que eran los destinatarios protegidos como principio general básico de la directiva que, traspuesta a nuestro país, buscaba por encima de todo su protección. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no dudó un segundo y rectificó el error de bulto, atendiendo al principio general.

Sucedió también en el caso de la talidomida, donde el Pleno de la misma Sala de lo Civil, en sentencia de 20-10-15, dejó sin tutela judicial efectiva a las víctimas de este defectuoso medicamento, sentando una excepción mundial al respecto y obligando al Parlamento a actuar a posteriori en su defensa.

Es el caso también de los autónomos o pequeños empresarios a los que la sentencia también del Pleno de 3-06-16, ha dejado desprotegidos frente a los bancos, pese a tratarse también de consumidores engañados, que aún hoy no han encontrado amparo, siquiera en el legislador.

Y son muchos otros casos de víctimas desamparadas frente a responsables civiles y sus aseguradoras, cuyo número excede de este receso, contrariando una brillantísima tendencia objetivadora ininterrumpida desde el año 43 y a lo largo de más de sesenta años, que hasta hace no mucho les amparaba y que ha sido dejada sin efecto, por mor también de la influencia del complejo banca-seguros.

 

– III –

 

En definitiva, el método de los principios generales de derecho -usual en el common law– no implica en modo alguno un libertinaje judicial, sino, por el contrario, la flexible adaptación de las normas a la realidad social de cada caso, su integración atendiendo a la prevalencia de los mismos y, en definitiva, el control de la arbitrariedad, para ajustar, en todo, el ordenamiento jurídico a la Constitución.

 

 

 

 

 

[1]Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas, págs. 101 y siguientes, Cívitas 1991.