IMPRUDENCIAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL. LA LEY DEL PÉNDULO

Diario La Ley nº 9934 de 10-01-2019

– I –

            La reforma de las indemnizaciones de daños y perjuicios, principalmente derivadas de accidentes de tráfico, llevada a cabo por iniciativa del sector asegurador y trasladada, para su aprobación, al Parlamento, en el año 2015, se denominó “tormenta perfecta” y era demoledora para las víctimas, al conllevar simultáneamente: 1. La eliminación de la imprudencia punible y su responsabilidad civil accesoria, en casi todos los supuestos de la vida real; 2. La avocación de las reclamaciones indemnizatorias a procesos civiles muy complejos y caros; y 3. La conversión de los aseguradores en “juez y parte” obligando a las víctimas, previamente, a someterse a la valoración de los peritos de aquéllas.

            El 19-09-18 la Audiencia Provincial de La Coruña dictaminó que era lícita por completo la negativa de las víctimas a caer en las manos de los peritos de las aseguradoras, al servicio de estas para minimizar o excluir sus lesiones; con lo que la “tercera pata” del tinglado cayó y este se vino abajo.

            Es por ello que “in extremis” la Comisión de Justicia del Congreso, con el apoyo de los grupos mayoritarios, y lógicamente del sector asegurador, aprobó el 20-11-18 un Proyecto de Ley de reforma del Código Penal que, en su art. 152.2 tipifica como imprudencia menos grave (equiparable a las anteriores faltas de imprudencia) la causación de todo tipo de lesiones que requieran, además de primera asistencia, tratamiento médico o quirúrgico; es decir, la gran mayoría de los casos de imprudencias despenalizadas en el año 2015.

            Como ya no pueden ser “juez y parte” los aseguradores prefieren que las lesiones las valoren médicos forenses, que bloquear la vía civil con un aluvión de procesos complejos, caros para todos y procesalmente inadecuados, incluso para el funcionamiento de los Tribunales.

            Sea como fuere, es de celebrar este “vuelco pendular”, en el que han tenido importante peso las asociaciones de víctimas, especialmente de ciclistas, constituyendo un gran avance para todos los lesionados que van a disponer de nuevo de la alternativa de la vía penal, sin coste y con la intervención de los juzgados y forenses, para depurar las imprudencias y sus resultados lesivos.

            Es un éxito también para la sociedad en general, porque ningún orden social puede progresar eficientemente cuando no existe responsabilidad individual por los propios actos, depurable en vía judicial.

– II –

            Pero este “golpe de timón” resulta insuficiente para ordenar debidamente esta materia. Como medidas complementarias más urgentes, que incluso pueden acometerse aún en el marco de esta reforma a través de disposiciones adicionales “ad hoc”, se sugieren las siguientes:

            1.- Disponer que los procesos civiles, cualquiera que sea su cuantía, referentes a la indemnización de daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos a motor, se sustancien por los trámites del Juicio Verbal, sin que en ellos sea preceptiva la imposición de costas, más que en caso de temeridad; al igual que ya se hiciera en la Ley 3/89 de anterior reforma del Código Penal.

            2.- Derogar los arts. 135 y 37 del baremo de indemnizaciones (Decreto Legislativo 8/04 en redacción dada por Ley 35/15), dados los abusos que la aplicación de estos preceptos están dando lugar, afectando incluso a la práctica judicial; al establecer el primero un régimen limitativo inasumible para la mayor parte de los lesionados que sufren los llamados traumatismos vertebrales; y al entrar en contradicción el segundo con el régimen general de las reclamaciones reguladas en el art. 7 de dicha Ley, al confundirse interesadamente los servicios médicos que atienden a los lesionados para su curación, con los servicios periciales de que disponen las aseguradoras con otros fines radicalmente distintos.

            3.- Actualizarse las cuantías de las indemnizaciones por secuelas fisiológicas definidas en el art. 93 de la Ley del baremo citada, de tal modo que las cuantías de la Tabla 2.A correspondientes al perjuicio personal básico, sean en lo sucesivo las resultantes de multiplicar por tres las que resultan de dicha tabla; lo que es una exigencia para actualizar las indemnizaciones resultantes del seguro obligatorio, que en nuestro país han quedado anquilosadas e incluso se han reducido, desde que se implantó el primer baremo en el año 1995, a las sucesivas elevaciones de los mínimos del aseguramiento obligatorio en toda Europa, impuestos por las Directivas comunitarias, así como para adaptarlas al nivel de vida actual del país y a la realidad social imperante.

            4.- Imponerse siempre en este ámbito, la aplicación de los principios “in dubio pro víctima” y valoración “en concreto” del daño; pues es sabido “no hay enfermedades, sino enfermos”, cada caso es distinto y cada persona diferente, debiendo ser las valoraciones periciales y las consiguientes indemnizaciones “personalizadas”, en atención a sus concretas circunstancias, huyendo de tablas de secuelas y tiempos medios que, al no ser reales, deben estar proscritas por el derecho.