El Codigo Penal y las nuevas – no punibles- imprudencias

Revista AJA nº908, 18-6-2015. Págs.3.

Si de algo peca el Código Penal elaborado unilateralmente por iniciativa del Gobierno actual, lo que ya de por sí lo descalifica, es de desproporcionado.

Sabido es que en el Código punitivo deben tipificarse aquellas conductas que merezcan el mayor reproche social, para su castigo y prevención.

Hasta ahora, el Código tipificaba las lesiones causadas por imprudencia, bien como delito, bien como falta, incluyendo en el concepto de lesión cualquier «menoscabo de la integridad corporal o la salud física o mental… siempre que requiera objetivamente para su sanidad además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico» (art. 147).

La redacción del nuevo Código Penal tipifica como delito las lesiones de este art. 147 que se produzcan por imprudencia grave (art. 152.1.1º). pero, al suprimirse la falta de lesiones por imprudencia del art. 621, que también se remitía a este amplio concepto, sustituyéndola por un «delito leve» o «imprudencia menos grave» (art. 152.2) ha obviado esta remisión al concepto amplio de lesión y lo ha restringido a los descritos en los arts. 149 y 150, que son solamente aquellos que causan «la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro… o una grave enfermedad somática o psíquica».

Resulta de ello que, fuera de los casos de «imprudencia temeraria» «denominación clásica de la imprudencia grave- todas las demás lesiones causadas por imprudencia -que son casi todas- habrán quedado despenalizadas. Los culpables sin castigo y las víctimas sin amparo. En la práctica, una «privatización» de las imprudencias generadora de impunidad y, por ello, gravemente dañina para el principio de «responsabilidad individual» que es la base de toda sociedad eficiente y está constitucionalizado en los arts. 1, 9, 3º y 24; pues la vía civil, que queda abierta, ni es sancionadora ni es hábil para juzgar imprudencias, sino tan solo culpa o negligencia civiles o de carácter leve ex art. 1902 C. Civil.

Al mismo tiempo, los derechos de las víctimas a una especial protección de su integridad física y moral y de su salud, que recogen los arts. 15 y 43 de la Constitución, quedarán desamparados en todos estos casos de imprudencia que no causen pérdidas de miembros o graves enfermedades.

Pensemos en un conductor o en un profesional que, omitiendo importantes deberes de diligencia a su cargo, aunque no llegando a la temeridad, incurriese en una conducta imprudente «menos grave», que cause lesiones que sin ser de una absoluta gravedad, determinen intervención quirúrgica, meses de curación y secuelas que menoscaban parcialmente las actividades generales de la vida de la víctima, que es sin duda un supuesto de más entidad que la pérdida o deformidad, por ejemplo, del dedo meñique. Pues bien, según el nuevo Código esta conducta quedaría impune y la víctima sin la accesoria protección penal resarcitoria, abocada a un largo y costoso proceso civil que, generalmente, no podrá asumir, teniendo que aceptar la oferta cicatera que le imponga el asegurador del irresponsable culpable.

Porque este es el signo verdadero de la «despenalización» y «privatización» de las imprudencias punibles: entregar a las víctimas a las aseguradoras para que estas haciendo de «juez y parte» decidan la limosna que quieren o no pagarles, carentes aquellas de cauces ágiles y sin coste, como eran los penales, para la tutela judicial efectiva y sin indefensión de sus legítimos derechos (art. 24 C.E.).

Y tanta ha sido la prisa en llevarlo a efecto y tan próximo el periodo electoral, con probable formación de otro Gobierno, que se ha anticipado la entrada en vigor, si no se le pone remedio, de este lamentable Código al próximo 1 de julio, cuando estaba prevista para finales de año, coincidiendo con las elecciones generales, en una clara «huida hacia delante» tan carente de prudencia, como sobrada de prepotencia.

– II –

Establece el Tribunal Constitucional que «concurrirá una desproporción constitucionalmente reprobable ex principio de igualdad entre las consecuencias de los supuestos diferenciados, cuando quepa apreciar entre ellos un «desequilibrio patente y excesivo o irrazonable» a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa» y que «cuanto más intensa sea la restricción de los principios constitucionales y, en particular de los derechos y libertades reconocidos en el texto constitucional, tanto más exigentes son los presupuestos sustantivos de la constitucionalidad de la medida que los genera» (T.C. 7-10-10 y las que en ella se citan).

Ya hemos visto los efectos de esta desproporción del nuevo Código hacia fuera, pero, si miramos hacia dentro y hacemos un estudio comparativo, observamos que con quiebra de toda proporcionalidad, se tipifican como «delito leve» conductas de una entidad infinitivamente menor que las lesiones menos graves por imprudencia que se quieren despenalizar, como son: sustraer a otro una cosa mueble de menos de 400 € (art. 236.2), alterar lindes o mojones con utilidad menor de 400 € (art. 246.2), distraer aguas con utilidad menor de 400 € (art. 247.2), apropiarse de cosas de menos de 400 € de valor (art. 253.2), apropiarse de lo recibido de menos de 400 € (art. 254.2), defraudar energía, gas, agua o telecomunicaciones de menos de 400 € (arts. 255.2 y 256.2), causar daños a propiedad ajena de menos de 400 € (263.2), cortar o talar especies de flora protegida por imprudencia grave (art. 332.3), abandonar a un animal doméstico (art. 337,bis), poner en uso moneda falsa recibida de buena fe por menos de 400 € (art. 386.3), distribuir sellos falsos adquiridos de buena fe por menos de 400 € (art. 389.2).

Es obvio que quien lesiona a otro menoscabando en cualquier forma su integridad física o moral, protegida constitucionalmente, cuando concurra imprudencia «menos grave», debe incurrir también en un tipo penal -«delito leve»-, al igual que el Código contempla para aquellas conductas de mucha menos entidad y mucho menos lesivas. Lo contrario es incurrir en la arbitrariedad más absoluta, lo que no es admisible en el buen criterio y ponderada proporción que constitucionalmente cabe exigirle a un legislador de buena fe.

Este desequilibrado y unilateral Código Penal impuesto por la fuerza, que no la razón, habrá de fenecer más pronto que tarde, de una u otra manera.