EL ¨FIASCO¨ DEL BAREMO

La Ley 9690, de 7-09-2020

 

«No hay nada más poderoso 

que una idea a la que le ha 

llegado su momento.»

Víctor Hugo

– I –

La última reforma del baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico -cuya fuerza expansiva es innegable- se inició en plena crisis económica financiera mundial, en el año 2010, auspiciada por el sector de banca-seguros, y en su proceso, que culminó en 2015 (Ley 35/15) las muy minoritarias asociaciones de víctimas más graves -que desde luego no representaban a la sociedad potencialmente damnificada- estuvieron supuestamente defendidas por un solo sujeto, procedente del mismo sector promotor que, finalizada su actuación nefasta, se calificó a sí mismo como un «tonto» (sic), a tal punto que su principal aportación fue la estúpida estrategia de cambiar «cuerpo por papel» como si ambas cosas fueran de igual entidad, lo que lo dice todo… 

En definitiva, la Ley 35/15 de 22 de septiembre aprobó un nuevo baremo de indemnizaciones cubiertas por el seguro obligatorio de responsabilidad civil por riesgo de los vehículos a motor que, salvo los escasísimos casos de muerte o víctimas muy graves, no contiene disposición alguna de relieve favorecedora de los lesionados, siendo las muchas modificaciones introducidas, todas ellas en pro de los intereses de las aseguradoras.

– II – 

Efectivamente, pese a haber aumentado el nivel de vida del país y disminuido la siniestralidad, incrementándose el parque de vehículos asegurados, las indemnizaciones a la gran mayoría de las víctimas han sido reducidas notabilísimamente.

Se han puesto trabas a sus reclamaciones, queriéndoles hacer pasar por el aro de someterse al dictamen de peritos parciales de las propias aseguradoras, convirtiéndolas «de facto» en «juez y parte», para recibir cantidades bajísimas. Y si no están conformes, se les aboca a procesos civiles largos y caros, con riesgo de imposición de costas a favor de la multimillonaria aseguradora, que tiene así «la sartén por el mango».

Todo esto ha sido un «fiasco» inadmisible, jurídica y moralmente.

– III –

Ahora estamos en otra situación, también de crisis, pero no financiera, sino humana. No hay que rescatar a banqueros, inversionistas o grandes empresas, sino a los ciudadanos. A todos y cada uno de los ciudadanos abocados por causa del riesgo de enfermedad generalizado a la penuria y a toda clase de dificultades, incluyendo las económicas. Urge el rescate, al menos, en este ámbito, de aquellos en los que un accidente se cruza en su camino y multiplica su desdicha. La solidaridad social, fundamento del seguro obligatorio de autos, así lo exige en todo caso y más con el tráfico paralizado, sin siniestrabilidad y con el percibo de primas íntegras por las aseguradoras, en una especie de enriquecimiento injusto proscrito por el derecho.

– IV – 

No olvidemos que la cobertura de este mecanismo de protección, verdadero fondo de garantía que podría ser gestionado por la propia administración pública, no es un negocio, sino que su existencia se basa en el principio de solidaridad entre todos los que intervienen en el tráfico de vehículos, los que causan el accidente y los que resultan víctimas indemnizables, sujetos aleatoriamente intercambiables, en cualquier momento que el destino determine.

– V –

Sabemos que el sistema de baremo cerrado y obligatorio constituye una excepción mundial española al régimen de libre fijación de las indemnizaciones por los jueces, sin perjuicio de los límites de cobertura obligatoria y de reglas y precedentes orientativos publicados y de general conocimiento, que funciona tan bien en el resto del mundo y que permite no solo los acuerdos entre las partes, sino también la inmediata adaptación de conceptos y cuantías a la realidad social y económica en constante movimiento, lo que, por el contrario, por designio de las aseguradoras y de una judicatura temerosa de cumplir con su función, en nuestro país no sucede.

– VI – 

Efectivamente, como concluyó don Enrique Ruíz Vadillo, padre del primer baremo del año 95: «si las cuantías indemnizatorias no son auténticamente reparadoras (y aún con toda la carga que conlleva este concepto indeterminado, todos tenemos una idea muy aproximada de lo que debe significar), el sistema termina siendo o puede constituirse en un instrumento peligroso de injusticia»; a cuyos efectos, según anticipó el Profesor Sánchez Calero, es de hacer notar: 

1) El primer baremo de 1995 tomó como referencia el importe mínimo del seguro obligatorio del automóvil establecido entonces por las Directivas Comunitarias en 350.000 ecus por víctima. 

2) En el año 2004, por presión de las compañías aseguradoras, se forzó una reforma del baremo que supuso la refundición de conceptos y secuelas indemnizables y supuso en la práctica una injustificada reducción de las indemnizaciones a las víctimas del orden del 50%. 

3) Los importes mínimos actuales del seguro obligatorio del automóvil alcanzan hoy a 1.000.000 euros por víctima (5ª Directiva 2005/14/CE) y, para ponerse a este nivel, las cuantías indemnizatorias del baremo español debieran multiplicarse por tres, pues ha quedado totalmente anquilosado veinticinco años antes con referencia a un importe mínimo asegurado de 350.000 ecus, como argumenta el citado Profesor y Presidente de SEAIDA. 

4) Los enormes beneficios de las compañías aseguradoras durante todos estos años a costa de las víctimas no pueden ser ocultados y están a la vista.

No es difícil saber quién se queda la «parte del león», en un ámbito en el que, como recuerdan el Magistrado Ruíz Vadillo y el profesor Sánchez Calero «domina o debe dominar la preocupación por la protección de las víctimas», porque el parque de vehículos y, por consiguiente, las primas de su aseguramiento, han aumentado y, al mismo tiempo, la siniestralidad se ha reducido en cuanto a la mortalidad, en ambos casos en forma notabilísima.

– VII –

La nueva normativa contenida en la Ley 35/15 de 22 de septiembre, contiene verdaderas falacias en su exposición de motivos, que suponen un total alejamiento de la finalidad primordial que rige en esta materia, que es la protección de las víctimas de los accidentes de tráfico.

Efectivamente, la normativa comunitaria del seguro del automóvil ha avanzado en la protección de las víctimas, incrementándola, a tal punto que los mínimos asegurados obligatoriamente en los veinticinco años transcurridos desde la entrada en vigor de nuestro «baremo», se han multiplicado por tres. La revisión que debiera realizar España para adecuarse a tales cambios es bien simple: multiplicar por tres las indemnizaciones existentes. En lugar de ello, se rebajan la mayor parte de ellas, aumentando solo un limitado porcentaje a los casos más graves de muerte y grandes lesionados. Se constata aquí un verdadero fraude a la legislación comunitaria y a las víctimas.

Pese a las sucesivas elevaciones de los mínimos del aseguramiento obligatorio, determinadas por las sucesivas Directivas comunitarias producidas en esta materia, en nuestro país las indemnizaciones resultantes del seguro obligatorio han permanecido anquilosadas, e incluso se han reducido en muchos casos, desde que se implantó el primer baremo que las regula en el año 1995.

Ello determina la necesidad de actualizar y mejorar la protección de las víctimas y, por ello, de actualizar las indemnizaciones resultantes del sistema de baremo, en la proporción en que se han elevado los mínimos del aseguramiento obligatorio en Europa, así como adaptarlas al nivel de vida actual del país y a la realidad social imperante.

Se considera así, en definitiva, que las indemnizaciones establecidas por secuelas fisiológicas en el baremo aprobado por Ley 35/15 son manifiestamente insuficientes y no responden, ni a la realidad social, ni a la necesaria regla comparativa en relación a la normativa europea de mínimos.

Es bien sencillo introducir, vía Decreto Ley y por razones de urgencia sobradas, evitando la prolongación indefinida de un enriquecimiento injusto a costa de las víctimas, asociada también a la paralización de la circulación de vehículos durante la pandemia actual, una modificación de la Ley 35/15, actualmente en vigor, en virtud de la cual se disponga:

«Se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por secuelas fisiológicas definidas en el art. 93, de tal modo que las cuantías de la Tabla 2.A correspondientes al perjuicio personal básico, serán en lo sucesivo, las resultantes de multiplicar por tres las que resultan de dicha Tabla.»

– VIII – 

Desde el punto de vista constitucional, ha de recordarse que, como aclara la S. TC 181/2000, de 29 de junio, el legislador:

«(…) ha de regular los cauces e instrumentos jurídicos que fuesen necesarios para la reparación de los daños personales, ya se hubiesen estos producido por una conducta sancionada por el Derecho punitivo del Estado, ya como consecuencia de culpa extracontractual o de una mera acción generada por una situación de riesgo socialmente consentida.»

Y, como resulta de las Ss. TC 181/2000, de 29 de junio y 149/2006, de 11 de mayo:

«(…) el art. 15 CE condiciona al legislador de la responsabilidad civil en dos extremos: en primer lugar, en el sentido de exigirle que, en esa inevitable tarea de traducción de la vida y de la integridad personal a términos económicos, establezca unas pautas indemnizatorias suficientes en el sentido de respetuosas con la dignidad que es inherente al ser humano (art. 1.01 CE); y en segundo término, que mediante dichas indemnizaciones se atienda a la integridad -según la expresión literal del art. 15 CE- de todo su ser, sin disponer exclusiones injustificadas (FJ 9).»

En nuestra opinión, tal y como hemos razonado precedentemente, tales exigencias no han sido cumplidas en el baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico actualmente vigente y aprobado por Ley 35/15 de 22 de septiembre.

– IX –

De todo lo anterior, podemos concluir que la pretensión, ejecutada aisladamente en nuestro país, acusadamente a través de la Ley 35/15, de reducir a un complejo matemático cerrado la realidad de los casos sin dejar abierta una puerta para que la vida real penetre en él, teniendo en cuenta el infinito número de variables que en ella concurren, ha sido sin duda un intento fallido, un fiasco, cuyas consecuencias desastrosas saltan a la vista:

a) Captura técnica del legislador y anquilosamiento e incluso reducción progresiva de los conceptos y cuantías indemnizatorias, pese al avance del nivel de vida y de la mayor sensibilización acorde al progreso humano.

b) Ausencia absoluta de un mecanismo corrector que procure la permeabilidad que exige un sistema no enclaustrado en sí mismo -común al mundo occidental- que permita a los operadores jurídicos su adaptación a las innumerables particularidades de cada caso concreto.

En definitiva, en nuestra opinión, con el baremo español se ha sacrificado en exceso la Justicia, para obtener la certeza, y el resultado final obtenido ha sido la seguridad de la injusticia.