DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS, REEMBOLSOS ENTRE CÓNYUGES Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD GANANCIAL, EN LAS ÚLTIMAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Diario La Ley, nº 9496, de 11-10-2019

– I – 

La doctrina de los “actos propios”, que procede del derecho romano, ha sido acogida por nuestro Tribunal Constitucional, encontrándole conexión con la idea de seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitución), dotándola de fuerza positiva vinculante en todos los ámbitos, al sentar que:

“La llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de “venire contra factum propium”, surgida originariamente en el derecho privado, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad, generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos.” (S.T.C. nº 73/1988, de 21 de abril, con la ponencia de don Luis Díez Picazo, y, seguidamente, S.T.C. nº 24/1995 de 30 de enero).

En la misma línea se pronuncia la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, en sentencias de 30-10-95, 16-02-2005, 4-10-13, 20-12-16, etc.

– II – 

Por aplicación de este principio, esencial del derecho, se ha considerado en el ámbito de la economía del matrimonio, que la adquisición de bienes por uno o por ambos cónyuges por o para la sociedad conyugal de gananciales, excluye, con carácter general y salvo expresa reserva, un posterior derecho de reembolso en favor del cónyuge que hubiera aportado bienes propios para la adquisición (AP Madrid Secc. 22, S. 25-03-14 y 15-07-14; AP Guadalajara S. 28-07-17).

Sin embargo, la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 27-05-19, de la que ha sido ponente doña María de los Ángeles Parra Lucán, ha dispuesto, por el contrario, que sí procede dicho derecho de reembolso en favor del aportante de bienes privativos para la adquisición de bienes comunes “siempre que no se excluya expresamente”, en virtud de lo dispuesto en el art. 1358 del Código Civil, que así lo establece para el momento de la liquidación, y de lo normado en el art. 1355 del mismo Código, cuyo párrafo segundo exige el “común acuerdo” de los cónyuges, para atribuir la condición de gananciales a los bienes que adquieran onerosamente durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del precio o contraprestación de la misma, de tal modo que si solo adquiere uno, no habrá tal acuerdo de atribución ganancial más que presuntivamente y cabrá el ulterior reembolso de fondos privativos aportados a la adquisición.

Ninguna mención hace la sentencia a los supuestos en los que se haya producido una actuación contraria a la buena fe o un abuso de derecho, de tal modo que, la doctrina general que resulta de la misma no parece acorde, ni al principio prohibitivo de ir contra los propios actos, ni al sistema general del régimen presuntivo de gananciales, ni a la realidad social imperante.

– III –

Efectivamente, estando reconocida constitucionalmente (art. 32) la institución del matrimonio y el deber de actuar en interés de la familia (art. 67 C. C.), la realidad social de los casos que en su seno se suscitan evidencia que, cuando cualquiera de los cónyuges adquiere un bien, vigente la sociedad de gananciales, la adquisición es para esta, salvo demostración en contrario, conforme al art. 1361 C.C. 

Para demostrar la privatividad del bien adquirido, es suficiente la confesión del otro cónyuge (art. 1324 C.C.), por lo que, “sensu contrario”, la afirmación en la escritura por parte del adquirente, de que lo hace con carácter ganancial o para la sociedad de gananciales, debe considerarse también, en igualdad de condiciones, prueba suficiente para ello.

Pero además, el transcurso, generalmente de un largo tiempo, entre la adquisición y el momento de la liquidación del patrimonio ganancial, sin manifestación alguna en contrario, puede y debe considerarse aceptación tácita por  el silencio de ambos, conformes en el “statu quo”, según la misma doctrina de los actos propios.

A igual conclusión llegaremos por aplicación del art. 1323 del Código, que permite cualquier negocio de atribución de bienes entre los cónyuges, debiendo considerarse al efecto suficiente la aceptación tácita del no otorgante o la postura de ambos aquiescente con la ganancialidad, prolongada a lo largo del tiempo.

La solución contraria de admitir el derecho de reembolso a la hora tardía de la liquidación del patrimonio ganancial mucho tiempo después, puede suponer además un atentado al principio de seguridad jurídica, consagrado en el art. 9.3 de nuestra Constitución. 

Ni siquiera menciona la sentencia el supuesto de la ratificación de ganancialidad o aceptación expresa posterior del cónyuge no otorgante, perfectamente factible.

Tampoco exige una elemental reserva expresa en la escritura respecto de un eventual reembolso ulterior, como sería de buena fe de esperar por el otro cónyuge.

– IV –

También en el ámbito matrimonial, pero a efectos de la determinación del momento de disolución de la sociedad conyugal para su liquidación, la sentencia del Alto Tribunal de 28 de mayo de 2019, nº 297/19, así mismo dictada por interés casacional y con la ponencia de doña María de los Ángeles Parra Lucán, declara que la separación de hecho de un matrimonio consentida por ambos cónyuges a lo largo del tiempo, no produce la extinción del régimen económico de gananciales, que no surge más que cuando se dicta sentencia que así la declare, sin que sus efectos se retrotraigan a la separación de hecho inherente a la admisión de la demanda de divorcio o al dictado de las medida provisionales ratificadoras de dicha separación conforme a los arts. 102 y 104 C. Civil.

La duración o dilación del proceso judicial de divorcio, que puede tardar años desde que la separación de hecho se produce, resulta irrelevante para el Alto Tribunal. 

No lo es así para los interesados que, desde el momento en que instan su divorcio u obtienen medidas provisionales respecto del mismo, entienden de buena fe que sus vidas transcurren ya por separado y que los bienes que adquieran y las obligaciones que contraigan son de carácter individual y no pueden ni deben afectar de buena fe al otro cónyuge. 

Con todo respeto para el Alto Tribunal, el criterio que resulta de esta sentencia, que viene a contradecir una clara línea jurisprudencial en otro sentido (ss. 6-05-15, 11-10-99, etc.), atenta gravemente también contra el principio de los propios actos y contra la seguridad jurídica, y debe ser urgentemente matizada, o flexibilizada.

– V –

Hay que decir por último que, desde la perspectiva científica civil, las dos sentencias comentadas son técnicamente impecables, por ajustarse estrictamente a la disposiciones normativas contenidas en el Código Civil.

Sin embargo, desde el punto de vista de la realidad social y de los principios  constitucionalizados que deben regir la interpretación de toda la legislación positiva, ambas nos resultan difíciles de digerir. 

El derecho no es una ciencia abstracta. Como dijo el maestro Ihering: “El derecho solo conoce una fuente: la finalidad práctica”. Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha estado siempre muy atenta y pegada a la realidad social de los casos. 

Quizás la intención de establecer doctrina general, no en cada caso concreto, sino en abstracto, a través de sentencias del Pleno o por interés casacional, como vehículo de caso único para la formación de jurisprudencia -conforme al acuerdo T.S. de 27-01-17-, no sea el mecanismo más adecuado para que la flexible luz esclarecedora de la jurisprudencia reiterada y propiamente dicha, llegue y colme las expectativas de Justicia y seguridad de los ciudadanos.