Daños progresivos y prescripción (Asbestosis y talidomida)

Revista AJA nº894 de 6-11-2014. Págs.3.

Es un principio general en la práctica judicial, el de que en el conflicto entre la seguridad jurídica y la Justicia, debe prevalecer siempre la Justicia.
No en balde, la Justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico recogido como tal en el art. 1º de nuestra Constitución, mientras que la seguridad jurídica es una garantía que, en un escalón inferior, recoge el art. 9.3 de la misma.
Desde el punto de vista de un Tribunal de Justicia y con referencia al caso concreto que le compete resolver, la escala de valores referida no debe tener ninguna duda. Cuestión distinta puede ser la del legislador al regular con carácter general y ad futurum distintos supuestos, siempre modulables después por los jueces con ocasión de su interpretación y aplicación directas a la realidad social y a cada caso.

Nuestro Código Civil establece un limitadísimo plazo de prescripción de un año para la acción de reclamación de daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, computable desde que lo supo el agraviado (art. 1968.2º). Y la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, por obvias razones de Justicia y de indemnidad, ha ido dulcificando esta exigencia a través de múltiples paliativos, tanto en la prolongación del dies a quo del nacimiento de la acción, como en los supuestos de interrupción del plazo correspondiente.

DAÑOS PROGRESIVOS
La cuestión adquiere especial relevancia cuando se trata de enjuiciar la justa reparación de los daños y perjuicios causados por la no diligente actuación de un tercero a víctimas inocentes con graves repercusiones, como sucede en los casos de lesiones por asbestosis y talidomida, que no son de carácter instantáneo, sino continuado y progresivo.
Y es que entre la doctrina se distingue lo que son daños permanentes que, una vez establecidos, no evolucionan más; de lo que son daños continuados, en los que la causa generadora está activa por un tiempo prolongado; de lo que son finalmente daños progresivos, en los que el agravamiento constante de los mismos es consustancial a ellos.
Así sucede en los casos de lesiones causadas por asbesto, cuyas consecuencias van agravándose en muchos casos hasta provocar la muerte del paciente años después, pasando antes por distintos estadios, y sucede también en los causados por la talidomida que, a tenor del informe “Heidelberg”, conllevan un panorama desolador para la vejez de la víctima, con importantísimo dolor de aparición tardía, envejecimiento prematuro y consiguiente necesidad de terceros para los actos esenciales de la vida.
En estos casos, el paliativo jurisprudencial de considerar el dies a quo del inicio del plazo de prescripción de la acción resarcitoria, en el alta médica definitiva, pudiendo incluso retrasarse al momento en que se determine la repercusión de las lesiones en la capacidad del perjudicado, como en el caso de la talidomida se llevó a efecto en cumplimiento del Decreto 1006/10 de 5 de agosto (T.S. 11-2-11, 5-7-11, 19-11-11, y 21-1-14), resulta superado por la realidad de estos supuestos de daños progresivos de agravación irrefrenable.
En todos estos casos excepcionales, como indica el Tribunal Supremo en su sentencia de 25-5-10 “debe resolverse mediante la valoración de la prueba y admitiendo la posibilidad de fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados los daños sufridos”.
Así lo ratifica también la sentencia de 13 de marzo de 2007 (Ar. 2569) y se condensa toda esta doctrina en la sentencia de 25 de junio de 1990, Ar. 4889, donde se indica:
“Partiendo del criterio restrictivo con que debe ser siempre valorado el instituto de la prescripción por ser figura que no se asienta en una idea de justicia intrínseca y sí de limitación en el ejercicio de los derechos por mor del principio de seguridad jurídica conectado a una cierta o incipiente dejación o inhibición de aquellos derechos por su titular, es lo cierto que en el caso de autos están acreditadas una serie de declaraciones y actuaciones judiciales, extrajudiciales y administrativas acreditativas de una voluntad inequívoca de reclamar los daños producidos con el consiguiente efecto interruptivo de la prescripción, que en todo caso no puede operar en los términos impetrados por la parte por ser los daños de que se trata de los denominados continuados, esto es, aquellos que continuamente se están operando y produciendo, respecto de los cuales la jurisprudencia de la Sala tiene declarado que “el cómputo del plazo de prescripción no se inicia hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida” –Sentencias, entre otras, de 12-diciembre-1980 (R. 4747), 12-febrero-1980 (R. 530) y 19-septiembre 1986 (R. 4777)-, no resultando siempre fácil determinar en la práctica cuando se produce o ha producido ese “definitivo resultado” que en relación con el concepto de daños continuados se nos ofrece como algo vivo, latente y conectado precisamente a la causa originadora y determinante de los mismos, que subsiste y se mantiene hasta su adecuada corrección.”

CONCLUSIÓN
A modo de colofón, pues, debe concluirse que en estos casos de lesiones progresivas causadas por asbestosis o por talidomida, en los que la situación del paciente continúa agravándose, a tal punto de que este nunca recibe el alta médica definitiva, son factibles reclamaciones de daños y perjuicios sucesivas en atención a los distintos estadios de la enfermedad e incluso por la muerte de la víctima causada por ella, sin que en ningún caso la acción indemnizatoria prescriba a lo largo de su vida, sino a partir de este último momento final.