COTOS Y ATROPELLOS

Diario La Ley, nº 8739, 12-4-2016.

PREMISAS

1.- La caza genera en España más de 3.635 millones de euros (Expansión, 30-10-12).

2.- “Lo hemos hecho mal, hemos legislado mal”, declaración parlamentaria en la tramitación de la Ley 6/14 (La Ley, 19-5-14).

3.- “Las posibles y previsibles consecuencias y riesgos que pueden provocar las piezas de caza mayor al cruzar la carretera que atraviesa el coto exigían una diligencia rigurosa que no satisfizo el demandado, pese a beneficiarse de la actividad lucrativa derivada de la actividad de la caza” (T.S. 22-5-14, nº 227/14, Ponente Sr. Arroyo Fiestas).

4.- “No cabe duda de que la vaca se encontraba en la calzada por donde circulaba el vehículo, fuera de lo que es su recinto habitual, prueba evidente de que se había escapado del mismo… No hay prueba alguna de conducción imprudente o temeraria por parte del conductor del vehículo… Lo que determinó, ante la presencia de un obstáculo imprevisto, como era el animal, que su conductor ante la maniobra evasiva que tuvo que realizar perdiese el control y se saliese de la vía” (S. AP Asturias 30-5-15).

TEXTO LEGAL

Ley 6/14 de 19-5-14, actual D.A. séptima del Texto Refundido de la Ley del Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.-

“Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas:

En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas.

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.”

 

EL CASO

Sentencia del Tribunal Supremo nº 56/16 de 11 de febrero de 2016, ponente Sr. Pantaleón Prieto.

Indemnización de daños y perjuicios por daños materiales y personales causados al conductor de un vehículo como consecuencia del atropello de jabalí en una carretera, al irrumpir de forma súbita en la calzada procedente de un terreno acotado, explotado como tal.

Esta sentencia del Tribunal Supremo confirma la condena del titular del coto, porque el titular de la explotación cinegética no había cumplido el programa de actuación establecido para ello, incurriendo en responsabilidad civil.

Sin embargo contiene esta sentencia, con el carácter de “obiter dicta” y sin formar jurisprudencia, con la ponencia de este nuevo Magistrado, anteriormente abogado defensor de tesis muy próximas al sector asegurador, una serie de apreciaciones sobre la irresponsabilidad de los titulares de explotaciones cinegéticas en estos casos, que no podemos en modo alguno compartir.

 

CRÍTICA

1.- Parte el ponente de que el animal atropellado debe considerarse “res nullius”, es decir, de nadie y carente de valor, y, por ello, podemos inferir que no le sería aplicable el régimen de responsabilidad objetiva que establece el art. 1905 del Código Civil respecto de la posesión de animales, en general.

Basta recordar que el propio Tribunal Supremo ha considerado la actividad cinegética como de carácter lucrativo, como obviamente así es, generadora de miles de millones, para comprobar que esta afirmación no puede mantenerse. Más pobre nos debe parecer el dueño de una vaca, que responde siempre, en una pequeña explotación minifundista, que el titular de cualquier coto de caza, sea privado o comunal, con importantes aportaciones y beneficios. Las piezas de caza forman parte integrante de un gran negocio y como tales tienen dueño y valor.

2.- Se indica también por el ponente que el legislador tiene la opción de asignar, bien a la actividad de riesgo de la circulación, bien a la actividad de riesgo de la caza, el coste del aseguramiento de los daños que con tales actividades se originen. Razona seguidamente que la nueva legislación tan exoneradora de los titulares de los cotos, habría recibido menos críticas si el legislador hubiera establecido el aseguramiento obligatorio de los riesgos que para el conductor pudiera originar el atropello de especies cinegéticas.

Puede que sea posible lo segundo como hipótesis, pero no lo es lo primero como verdad. Tal aseguramiento obligatorio no existe. El seguro obligatorio del automóvil lo es de responsabilidad civil, con lo que no cubre al conductor asegurado. El riesgo de atropello de especies cinegéticas no deriva de la normal circulación del vehículo, sino de la irrupción de un animal en una vía para vehículos, que trae causa de la falta de su control por el titular del coto que lo explota. Como consecuencia, las graves lesiones o la muerte que pueda sufrir un conductor que circule con normalidad por consecuencia del atropello imprevisible de un animal de caza procedente de un coto, no están cubiertos por seguro obligatorio alguno. Dicho conductor o su familia, si fallece, carecen generalmente de acción en virtud de la nueva legislación, indebidamente aprobada, para exigir responsabilidad al titular del coto del que proceda el animal, que se beneficia de su explotación.

Puestos a ser prácticos, en hipótesis “de lege ferenda”, más valdría obligar “naturalmente” a los titulares de los cotos de caza a concertar un seguro de responsabilidad civil que cubriese los daños causados por los animales provenientes del mismo y a la Administración a extremar la diligencia en el cuidado de los cerramientos de las vías.

3.- Dice el ponente que, sin embargo, la nueva legislación no excluye que el titular del aprovechamiento “como cualquier otra persona, pueda ser considerado responsable del accidente en aplicación de la norma general del art. 1902 CC”. Pese a la dicción literal de la Ley, que lo contradice, es obvio que esto debe ser así, dado el carácter de este precepto como cardinal del Ordenamiento Jurídico, verdadero Principio General constitucionalizado en los arts. 1 y 9.3. Sin embargo, dice el ponente, “sin presunciones en su contra ni de imputación objetiva…, pues todo esto es lo que ha querido desterrar el legislador de 2014 al eliminar el supuesto de la falta de diligencia en la conservación del terreno acotado”.

Ahora bien, pensamos nosotros, ¿dónde y cómo puede encontrarse así la culpa del titular del coto? Porque, si el “principio de confianza” en la normalidad del tráfico, consagrado jurisprudencialmente (T.S. 6-7-87, 22-2-10, etc.) ampara a todo conductor que circula por una vía pública, es obvio que la irrupción de un animal en ella constituye un suceso totalmente anormal y su atropello y consecuentes lesiones que dañan al conductor, una consecuencia desproporcionada en la normal conducción.

Ante ello, es obvio que no es el conductor del vehículo el que tiene que demostrar el “por qué” el animal haya irrumpido en la vía, lo que sería una “prueba diabólica”, sino en virtud de la regla “res ipsa loquitur” el titular del aprovechamiento, que dispone de mayor “facilidad probatoria” para demostrar que, habiendo agotado toda la diligencia exigible, dicha irrupción se produjo por causas extrañas a su esfera de control y garantía en la explotación, esto es, fuerza mayor extraña a su actividad, como única causa exoneradora.

 

CONCLUSIÓN

Se impone una urgente reforma de la Ley del Tráfico en esta materia, que restablezca la responsabilidad natural del titular de la explotación cinegética, obligándole, si se quiere, a su aseguramiento; y liberándose al conductor del vehículo que, por ser totalmente inocente, no es más que una víctima y debe de ser resarcida por las dañosas consecuencias de la actividad lucrativa o de ocio del coto, del que procede el animal atropellado.