CONSTITUCIÓN Y DERECHOS

VLEX 23-07-2020

– I – 

Nuestro ordenamiento jurídico tiene la grave peculiaridad de que, siendo la Constitución la primera y más importante norma jurídica del país, esta parece que no puede ser aplicada directamente por los Jueces y Tribunales. Aún pudiendo ser conscientes los Jueces de la segura contravención de la Ley corrupta o arbitraria con la Constitución, no pueden hoy aplicar directamente la primera norma legal y tan solo plantear, en su caso y con graves dificultades, una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional (art. 163 C.E.), que la resolverá bajo presiones políticas de extraordinaria intensidad y tanto tiempo después, que su resolución no tendrá ya utilidad práctica. Está demostrado, además, que el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad no impiden que rijan normas que son claramente inconstitucionales.

Quizás se pensase cuando se promulgó la Constitución, que nunca sería necesario disciplinar su aplicación directa «contra legem», porque la Ley jamás estaría «corrupta» ni iría abiertamente contra la Constitución. Sin embargo, nuestros constituyentes no eran ingenuos. Decía Lincoln que «se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo».

En el estadio actual, modestamente creemos que se deben articular vías efectivas que permitan el control estrictamente jurídico -nunca político- por parte de los Jueces de toda disposición legal «corrupta» o «arbitraria», que ataque frontalmente nuestra Constitución con daños para los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por aplicación del principio de jerarquía normativa, aplicar directamente esta en cualquier caso de contravención. El fortalecimiento del poder judicial, como primer garante de los derechos y libertades constitucionales, es absolutamente necesario.

No hay peor corrupción, ni más grave, que la del gobernante o legislador, porque este se vale del instrumento más sagrado -la Ley- para, pervirtiéndola de su finalidad natural -el bien común-, ponerla al servicio de intereses particulares espurios, perjudicando aquel ideal.

Es por ello vital, que los ciudadanos puedan reaccionar contra las Leyes que supongan vulneración de sus derechos constitucionales, y que lo puedan hacer con inmediatez desde el primer juzgado hasta la más elevada instancia, pues la corrupción y las leyes ilegítimas y abusivas, se producen por doquier en todos los ámbitos y los políticos de todo signo que las alumbran, las consienten y encubren en demasiadas ocasiones, procurando o a cambio de ventajas o incentivos indebidos, tipificados por la Comisión Europea en su Acuerdo de 21-05-97, bajo el concepto de «corrupción».

– II –

A este respecto, el Tribunal Constitucional se ha mostrado lento hasta la exasperación e ineficiente en grado sumo:

a) Este Tribunal habla demasiado y por ello tarda demasiado en resolver. Su función no es la de decir lo que las cosas deberían ser, sino la de decir pura y simplemente si son constitucionales o no. Sus sentencias «interpretativas» de extensión desmesurada, invaden las competencias del poder legislativo, que es el que, recibida la declaración de inconstitucionalidad de una norma, debe dictar en su caso otra en su lugar, acomodándola a la Constitución, y no limitarse a cumplir las «manipulaciones legales» que el TC, asumiendo una soberanía popular que no tiene, tenga a bien dictar. 

Los ejemplos son constantes y gravísimos. Como botón de muestra, la sentencia sobre el Estatuto catalán que tiene 880 páginas y tardó cuatro años en dictarse.

Por otro lado, el número de normas que «campan a sus anchas» pendientes de tardías y muchas veces inútiles declaraciones de inconstitucionalidad, es, sencillamente, clamoroso.

Decía el juez inglés William Murray «dictad vuestras decisiones pero nunca las expliquéis; vuestras decisiones quizá sean justas, vuestras razones estarán equivocadas». El Tribunal Supremo americano y la Cámara los Lores británica, bien aprendidos, acostumbran a resolver en forma sencilla y clara. Y, ¡claro!, se equivocan mucho menos y resuelven mucho antes.

b) La composición de este Tribunal deja mucho que desear. Muchos de sus miembros son teóricos del derecho, sin conocimiento de la realidad de los casos y todos ellos, casi sin excepción, tributarios de los partidos que los han nombrado, de tal modo que, sabiéndose las cuotas de cada partido, se sabe la composición del Tribunal y se pueden vaticinar, casi con certeza absoluta, sus decisiones.

La razón de que esto sea así, además de un defectuoso proceso de selección, es que en sus cargos, al ser transitorios, no llegan a alcanzar la independencia de sus promotores, que solo la seguridad inamovible puede otorgar.

Los miembros del Tribunal Supremo americano son vitalicios y cada día que permanecen en el cargo son, por ello, más independientes. Como esto es así, se pone especial esmero en su proceso de selección, que recae en personas de gran cualificación y experiencia, fieles al espíritu fundacional y próximos a la realidad social.

c) Por último, el TC, como Tribunal que es, debería centrarse más en resolver casos reales, dando protagonismo a los ciudadanos y extrayendo de ellos principios comunes, como el TS americano; y no depender tanto de lo que los políticos puedan plantearle o no sobre la constitucionalidad general de las leyes en abstracto, muchas de las cuales, claramente inconstitucionales, rigen con plena vigencia por los juegos partidistas, sin que los ciudadanos afectados hayan tenido hasta ahora palabra ni cauce, en su caso concreto, para cuestionar su constitucionalidad.

– III –

En nuestro sistema jurídico-constitucional, los ciudadanos, pese a que la Constitución les reconoce un abanico espléndido de derechos y libertades, no pueden en muchas ocasiones hacer efectivos estos derechos, convirtiéndose en simples objetos de normas y actuaciones que pueden reputarse inconstitucionales, pero contra las que, como sujetos libres y con derechos fundamentales afectados, no pueden reaccionar. Los derechos de nada valen, si no pueden hacerse efectivos con inmediatez. 

Los ámbitos de actuación de los ciudadanos, en defensa de sus derechos constitucionales, son los siguientes:

1.- En el seno de cualquier proceso, mediante la oportuna denuncia (art. 287 LEC), los recursos ordinarios pertinentes (art. 448 y ss. LEC; art. 5.1 LOPJ), el incidente de nulidad de actuaciones (art. 228 y ss. LEC), el general procedimiento de nulidad previsto en la LOPJ (art. 240 y ss.), para todas las jurisdicciones.

2.- En los procedimientos específicos de amparo judicial previstos en la Ley 1/82 de protección civil del honor, intimidad personal y propia imagen; el de protección de derechos fundamentales en los arts. 114 y ss. LJC Administrativa; y el procedimiento sumario de la LJ Social en sus arts. 177 y ss.

3.- La cuestión de inconstitucionalidad que pueden plantear los Jueces, de oficio o a solicitud no vinculante de parte, si les surge a la hora de fallar, con tradición esencial e insalvable interpretativamente, entre la norma aplicable y la Constitución (art. 5.2 y 3 LOPJ).

4.- El recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional, una vez agotadas las vías ordinarias de alegaciones, recursos y nulidades, que hoy requiere una «especial trascendencia» (art. 49 LOTC), lo que deja fuera de su conocimiento innumerables vulneraciones que quedan consentidas, sin remedio; pudiendo instar el planteamiento de «autocuestión» de inconstitucionalidad, en forma no vinculante, al propio TC (art. 55.2 LOTC).

– IV – 

Ahora bien, en el momento actual, el desarrollo del potencial constitucional es tan pobre que:

a) Los únicos derechos fundamentales protegidos con eficacia, son los comprendidos en los arts. 14 a 29 de la Constitución. El resto, es como si no existieran o no lo fueran.

b) La única protección de tales derechos, se dirige frente a actos y normativa inferior, como si las leyes no pudieran vulnerarlos o contradecir abiertamente la Constitución, lo que es una entelequia que nadie se cree «corruptas» como están tantas de ellas.

Concretamente: 

a) Los ciudadanos no pueden interponer recurso de ninguna clase contra las leyes que estimen lesivas para sus derechos fundamentales, 

b) No pueden interponer recurso de amparo cuyo objeto sea distinto de los acotados en los arts. 14 a 29 de la Constitución, siendo los derechos siguientes proclamados en los arts. 30 a 52, carentes de eficacia práctica en lo que a ellos respecta, puesto que no pueden exigirlos, 

y c) Los Jueces no pueden aplicar directamente toda la gama de derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos y que en muchas ocasiones son vulnerados o limitados desproporcionadamente por leyes «corruptas-«y vulneradoras de la Constitución, ya que al margen de la declaración de «sujeción» del art. 9.1 de la Constitución, esta no está reconocida como fuente directa del derecho, en la enumeración que de estas hace el Título Preliminar del Código Civil.

Respecto del primer reparo, se ha de decir que la limitación no viene impuesta por la Constitución, sino por la Ley orgánica del Tribunal Constitucional en su art. 42, que establece la limitación del recurso de amparo para los ciudadanos a las decisiones y actos sin valor de Ley, con lo que una simple reforma de esta LOTC, podría abrir el candado.

Respecto del segundo óbice, la enumeración limitativa choca abiertamente con el mandato imperativo del art. 9.1 que ordena la «sujeción» a la Constitución de los ciudadanos y los poderes públicos con eficacia directa indiscutible, con lo que simplemente por vía de interpretación extensiva, cabe integrar los supuestos excluidos, máxime cuando la imposibilidad de alegación de algunos de ellos se limita «ante la jurisdicción ordinaria» y no constitucional, en el art. 53.3.

El tercer problema tiene fácil solución, con la necesaria integración de la mención expresa de la Constitución como primera y jerárquicamente más importante fuente del derecho, con la simple reforma del art. 1º del Código Civil al efecto.

– V –

Recapitulando todo lo anterior, podemos apuntar las siguientes líneas directrices:

Primera.- La Constitución es norma vinculante y de aplicación directa para y por todos los ciudadanos y poderes públicos.

Segunda.- Los ciudadanos, por ello, pueden exigir su cumplimiento y, en la medida en que estén legitimados por resultar dañados cualesquiera de sus derechos -sin exclusión alguna- que la Constitución les reconoce, podrán:

A) Impugnar directamente las leyes que estimen lesivas para sus derechos fundamentales, puesto que la Constitución no lo excluye, a través de los mecanismos de tutela jurisdiccional y constitucional previstos; mediante la simple reforma del art. 42 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional.

Todo ello, sin perjuicio de la denominada «autocuestión» de inconstitucionalidad de las leyes, que el propio Tribunal Constitucional puede plantearse, al resolver cualquier recurso de amparo.

B) Interponer, agotadas las vías ordinarias correspondientes, recurso de amparo constitucional contra toda vulneración de sus derechos constitucionales, sin exclusión alguna, alegando la imperatividad y aplicación directa ordenada en el art. 9.1 de la Constitución; siendo suficiente para ello la interpretación extensiva integradora que el propio Tribunal Constitucional puede realizar a tal fin, y que la propia Constitución no excluye.

C) Los ciudadanos pueden exigir, y los Juzgados y Tribunales pueden y deben llevar a cabo, la aplicación directa de la Constitución en cualquier clase de procesos, al constituir la misma, la primera fuente del derecho, incardinable como tal en el art. 1º del Título Preliminar del Código Civil; que deberá reformarse al efecto. Con ello, el planteamiento de la «cuestión de constitucionalidad» quedará relegado a los casos extremos, que exijan la expulsión del ordenamiento jurídico de la Ley absolutamente contraria a la Constitución, para evitar los perjuicios generales derivados de su subsistencia formal.

– VI –

Quizás estas reflexiones y propuestas puedan resultar extrañas en un sistema de jurisdicción tan cerrado como el español, que confió demasiado en el legislador -actualmente en galopante y partidista «corrupción»- y tan poco en los ciudadanos -antes solo «administrados»-, y aún menos en los jueces -que hoy son muchos y educados en el estado de derecho-. Anteriores objeciones al respecto, están hoy fuera de lugar.

Téngase en cuenta que, incluso en el paradigma alemán de jurisdicción cerrada Kelseniana, se admite que el recurso constitucional puede ser interpuesto «por cualquiera», frente a todas las medidas del poder estatal «incluyendo las leyes», y pueden invocarse como derechos afectados, prácticamente toda la Constitución alemana, en interpretación extensiva de su Tribunal Constitucional. 

Por no mencionar el sistema de protección jurisdiccional difusa por todos los jueces de EEUU, que por orden de su Constitución (art. 6), están obligados a aplicarla como «la primera ley del país», inaplicando cualquier ley si la entienden contraria a la Constitución, sin perjuicio de que «el caso» pueda llegar ante su Tribunal Supremo, para que este lo decida irrevocablemente, como así debe ser. 

En este sistema, no son las leyes en abstracto -cuyo dictado corresponde en exclusiva al poder legislativo y no al Tribunal-, sino los casos en los que se ve su aplicación en la práctica, los que llegan al Tribunal Supremo; de tal modo que su visión del derecho participa de la naturaleza esencial de este, eminentemente práctica, pues el derecho, como enseña Hiering «solo conoce una fuente, la finalidad práctica»; y de este modo no interfiere en la función del poder legislativo, que es la de promulgar o modificar las leyes, con el refrendo de la voluntad popular, del que los Tribunales Constitucionales carecen y función que les es ajena, por muy indebidamente interpretativas que puedan ser sus sentencias.

Es, en definitiva, un imperativo que la jurisdicción constitucional española tenga que expandirse en su contenido y abrirse a todos los ciudadanos, protagonistas y destinatarios principales de la propia Constitución, por lo que debe velarse por todos los derechos que reconoce, sin exclusión alguna.