Codigo Civil, Constitución y unidad del mercado

Actualidad Juridica Aranzadi, nº897 de 8-1-15. Págs.3.

– I –

La elaboración y promulgación de un nuevo Código Civil, como derecho común a todos los españoles, es una tarea esencial e inaplazable.
Las consecuencias negativas de no haberlo llevado a efecto ya son, por un lado, el asalto al derecho común por parte de la legislación motorizada de las distintas comunidades autónomas invadiendo dicha materia y, por otro, el retraso en la incorporación de los criterios unificadores que se están produciendo en el ámbito de la Comunidad Europea, que tarde o temprano tendrán que ser necesariamente acogidos en nuestro país.
El vigor con el que se mantiene el common law en USA frente a las leyes o statutes, contrasta con el abandono en que ha dejado nuestro país a su derecho común.
Las propuestas de reforma del Código Civil elaboradas por la Comisión General de Codificación a lo largo de los últimos años han sido sistemáticamente ignoradas.
Ha sido ignorada también la declaración del Tribunal Constitucional (28-6-10), permitiendo a las comunidades autónomas “solo” el alcance que es “propio” de las funciones de “conservación, modificación y desarrollo” de sus respectivos derechos civiles especiales.
Y así, el derecho civil ha perdido su carácter “común” y la inseguridad jurídica se ha extendido por toda España al hilo de numerosas normas civiles particulares dictadas ex novo en las distintas regiones, la mayor parte de las veces contradictorias entre sí y con el antiguo derecho civil común.
Los Gobiernos de la Nación lo han consentido, soslayando el mandato del art. 149.1.8 de la Constitución, cuya aplicación ahora en forma rigurosa no tienen valor para realizar, habiendo incluso retirado recursos de inconstitucionalidad al respecto.

– II –

La solución que se ha propuesto por el Gobierno actual para remediar este desaguisado ha sido la “mercantilización” del derecho civil mediante la promulgación de un nuevo Código mercantil al que se incorporarían las normas generales del derecho común previa nueva redacción simplificada de estas con una inspiración mercantilista, en la que el ciudadano ya no existe como tal, sino como “operador del mercado”, concepto dentro del que se quiere incluir, como atrayente de la competencia mercantil, gran parte de las actividades de los ciudadanos, incluyendo su ejercicio profesional, sea intelectual, científico, liberal o artístico, con un alcance totalmente desaforado, que probablemente no solucione el tema de la seguridad jurídica y, por el contrario, cree más problemas aún, dado su carácter “antinatural”, al buscar el amparo en la competencia estatal exclusiva para la legislación mercantil en el art. 149.6ª de la Constitución, en forma claramente “artificial”.
Se ha propuesto también unificar la normativa general de los contratos en el marco de una eventual reforma de la legislación civil común, al amparo de la competencia exclusiva del Estado, recogida en el art. 149.1.8 de la Constitución, pero que, obviamente, quedaría limitada a esta materia, y resultaría totalmente insuficiente para frenar el dislate.
Por último, se ha pensado también en las leyes de armonización previstas en el art. 150.3 de la Constitución, aduciendo como razón de interés general la “unidad del mercado”, pero que se ha descartado dado que la única experiencia al respecto resultó fallida en el Tribunal Constitucional (caso Loapa).

– III –

Desde nuestro punto de vista, la solución podría venir desde la perspectiva de la competencia exclusiva estatal reconocida en la regla 8ª del número 1 del art. 149 de la Constitución referente a las “normas para resolver los conflictos de leyes”. El guión a seguir, podría ser el siguiente:
1º.- Poner “en valor” al derecho común, actualizando el Código Civil al contexto europeo y a la realidad social actual, manteniendo sus principios inspiradores más valiosos, contando para ello con la contribución de lo mejor de la doctrina y, en especial, de la práctica jurídica española.
2º.- Dando aplicación al art. 1º de la Constitución, otorgar plena libertad a los ciudadanos para optar por su propio estatuto personal, declarándolo en el Registro, y eligiendo el régimen jurídico aplicable a su ámbito personal, sucesorio, familiar y, en definitiva, civil, de derecho común español o foral autonómico, en su caso, al margen de su vecindad concreta en cada momento.
3º.- Establecer la legislación común española como aplicable a cualquier caso en que concurran personas sujetas a distintas vecindades civiles, como legislación básica uniforme con carácter general para todos los españoles.
4º.- Fijar el principio de preeminencia de la legislación común española en todo aquello no expresamente regulado por las administraciones autonómicas, y en toda clase de conflictos entre estas y/o los ciudadanos o empresas de distintos territorios.

Bibliografía:
1. Guido Calabresi “A common law for the age os Statutes”, 1982.
2. Eduardo García de Enterría “Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas”, 1999.
3. Segismundo Álvarez “La propuesta de nuevo Código Mercantil y la seguridad Jurídica”. El Notario del siglo XXI nº 53, enero-febrero 2014.
4. Mariano Yzquierdo Tolsada “Los excesos autonómicos en el derecho civil y la ortopédica solución de la huida al derecho mercantil”. Diario La Ley nº 8439, 11 de diciembre de 2014.