CELERIDAD Y EFICIENCIA: NUEVOS VALORES JUDICIALES

La Ley nº 9803, de 4 de marzo de 2021.

 

– I –

El principal problema de la Administración pública y, por supuesto, de la Administración de Justicia española, es su lentitud. «Una justicia tardía no es justicia».

No hace falta ser extremadamente perspicaz para constatar que concurren poderosas fuerzas en pro de dicha lentitud: el interés de la propia Administración pública en dilatar sus respuestas que pueden perjudicarle, los poderes económicos que coinciden en posición similar y la propia burocracia ineficiente. Unas fuerzas enormemente poderosas y con pesada inercia.

Frente a ello, los ciudadanos, uno por uno, y sus intereses vitales, que demandan respuestas ágiles que les permitan sobrevivir y continuar su actividad.

Y en medio de todo ello, la pandemia del coronavirus que lo ha exacerbado todo.

Hemos llegado a un punto tal en que el hiperformalismo y el hipergarantismo utilizados como banderas por muchos, no pueden tener hoy la preponderancia que estos quisieran otorgarles, imponiéndose la modulación de los principios de oralidad e inmediación, y apostando decididamente por los principios de celeridad, eficiencia y protección de todos los ciudadanos. 

– II –

En esta línea se enmarcan tanto la Ley 3/20 de 18 de septiembre de medidas procesales para hacer frente al Covid-19, que impone la realización de los juicios, vistas y comparecencias preferentemente mediante «presencia telemática», así como el Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, auspiciado por el Ministerio de Justicia y actualmente en tramitación.

Junto a ello, la simplificación de los procedimientos en orden a su agilización a la que apunta el proyecto citado, es una necesidad imperiosa. Se ha informado recientemente que a fecha 20 de junio de 2020 los órganos judiciales tenían bloqueados hasta 4.418 millones de euros. 

La judicialización de conductas que probablemente merezcan una respuesta sancionadora en el orden administrativo y no en un proceso penal, como son las alcoholemias en meros controles preventivos y sin resultados lesivos, que por su número apabullante bloquean a los Tribunales e impiden a la Fiscalía acometer otras funciones más relevantes, es una absoluta necesidad también. 

La reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico que, cuando se hacen contenciosas, siempre han sido agilizadas por el legislador, bien a través del juicio ejecutivo o del verbal, deberían volver cuanto antes a estos, dado el interés superior de protección de las víctimas, que debe regir siempre en esta materia.

– III –

Hacia el uso habitual de la videoconferencia en las vistas judiciales se ha pronunciado el magistrado del Tribunal Supremo don Vicente Magro Servet, pues considera con razón que: «no hay nada que no se pueda hacer con el uso de la videoconferencia en su comparación con la presencia física en el juicio. Existe la misma inmediación, concentración y publicidad… y… no existe merma alguna del derecho de defensa». Lo contrario «supone seguir anclados en el «miedo a las tecnologías».

Con buen criterio también, y en aras de conseguir la eficiencia y la agilidad, en este caso en los procesos sociales, se ha pronunciado el magistrado don Jaime de Lamo Rubio en artículo publicado en La Ley, propugnando la evolución del procedimiento especial en la misma línea de su causante el juicio verbal civil, propugnando la introducción de la contestación escrita a la demanda, en pro de la seguridad jurídica y para depurar y agilizar el acto del Juicio.

– IV –

También en esta dirección, la reforma de la LEC del año 2000, al exigir la constancia documental mediante aportación con los escritos rectores de los informes periciales de cada una de las partes, quiso conjugar la seguridad con la eficiencia, dejando solo para el juicio las aclaraciones que del texto de los informes resultaren necesarias. Todo el íter del proceso construido entonces iba encaminado hacia la conducción por parte del juez a las partes hacia un acuerdo al que este las guiaría, mediante el conocimiento pleno de sus pretensiones y pruebas desde el primer momento, o, en su defecto, a la limitación del acto del juicio exclusivamente a los puntos de disconformidad y a las cuestiones que no pudieran deducirse de las pruebas ya aportadas. 

Lamentablemente este enfoque no ha tenido resultado práctico y los juicios ordinarios, desde muy escasas cuantías y muy poca relevancia, se han convertido en monográficos de extensión y pruebas desmesuradas, en los que las partes campan a sus anchas, convirtiéndose en complejas cuestiones en muchas ocasiones fáciles de convenir en el trámite de depuración previo, o incluso en la vía preprocesal, con resultado de bloqueo de los Tribunales.

Opinamos que el procedimiento ordinario debiera quedar relegado a cuestiones de muy elevada cuantía o muy complejas y a las acciones colectivas. El Juicio verbal, con prueba anticipada y sesión concentrada en un solo acto, debiera servir para todos los demás asuntos. 

– V –

En definitiva, del mismo modo que el coronavirus que nos azota ha puesto de relieve la necesidad de un cambio de hábitos en las relaciones humanas, imponiendo una mayor distancia física, esta situación puede y debe ser aprovechada para dar un salto tecnológico en el ámbito de la Administración pública y, en especial, de la Administración de Justicia y, teniendo en cuenta la gravísima situación en la que se encuentran millones de personas de nuestro país, apostar decididamente por los principios de celeridad, eficiencia y protección de todos los ciudadanos, efectuando urgentemente las reformas procesales encaminadas a tal fin y descartando por completo hiperformalismos trasnochados.