ALTAS MÉDICAS INDEBIDAS E INTERVENCIÓN JUDICIAL REVISORIA

Diario La Ley nº 9661, de 25 de junio de 2020

I

La pandemia actual ha puesto de relieve que, ni mucho menos tenemos «la mejor sanidad del mundo», sino una bastante mediocre, catalogada en el número 19 del ranking por volumen de inversión en relación al PIB.

Si nuestros lesionados de accidentes fuesen tratados en un centro puntero de un país avanzado, inmediatamente en urgencias se les habrían practicado múltiples pruebas conducentes a la “visualización” de sus lesiones (Rx, RMN, Eco, EMG, etc.), y se habría efectuado un diagnóstico provisional, pero con muchas posibilidades de acierto, en las primeras 72 horas.

Lamentablemente, en nuestro país esto no sucede, por dos razones fundamentales: falta de recursos públicos, con especial incidencia de los recortes provocados por las crisis recurrentes, y condicionamientos de los terceros pagadores (aseguradoras y mutuas), los cuales, además de dichos recortes, no autorizan generalmente muchas pruebas, porque arrojarían resultados indemnizables en su contra.

II

Tampoco el tratamiento médico es en muchos casos el que debiera, por la masificación y descoordinación de la sanidad pública y por la misma falta de autorización de los terceros pagadores. Concretamente, en cuanto a estos últimos, imponen en los convenios de asistencia sanitaria, “paquetes cerrados” a las clínicas concertadas –como el módulo de “raquis vertebral”, con precios escasos (550 € mínimo)- que llevan a excluir las pruebas de imagen, para cubrir los gastos asistenciales. Agotado el “paquete o módulo”, se obliga en el convenio al centro asistencial a emitir un alta puramente “ficticia”, y las víctimas no tienen otra opción que continuar tratamiento o realizar pruebas complementarias en la sanidad pública o particularmente, persistiendo en ocasiones la situación de incapacidad temporal.

III

Todo esto tiene relevancia, no solo en el orden de la salud, que es indiscutible, sino también a efectos indemnizatorios de las lesiones sufridas por las víctimas en los accidentes, puesto que el criterio cronológico introducido en el baremo de indemnizaciones de accidentes de tráfico para la cobertura del seguro obligatorio por Ley 35/15, da especial relevancia a que los síntomas se manifiesten dentro de las 72 horas desde el accidente, salvo que, con carácter general, la sintomatología aparezca “en tiempo médicamente explicable”. 

En nuestra opinión, desde luego siempre serán “médicamente explicables”, en un sistema de sanidad deficiente como el nuestro, las omisiones y los retrasos en las pruebas y, por consiguiente, en los diagnósticos médicos y en el tratamiento de las lesiones con arreglo a módulos escasos, concertados con altas obligatorias impuestas a los centros asistenciales. 

Es obvio que de todo este descalabro en ningún caso se puede hacer responsable, en su perjuicio, a las víctimas, penalizándolas doblemente, por las lesiones sufridas en el siniestro y por la falta de atención médica.

IV

La situación es aún más grave cuando las aseguradoras y mutuas, haciendo uso de un inusitado y unilateral poder, en virtud de sus convenios privados con las clínicas concertadas -que no vinculan al lesionado- desautorizan el tratamiento médico de estos, simplemente porque los daños de los vehículos implicados no son de intensidad suficiente -a su interesado criterio- para desencadenar las lesiones que, sin embargo, se constatan meridianamente en los servicios de urgencia de los hospitales.

V

En todos estos casos, las víctimas parecen estar desamparadas pues, o bien quedan sin tratamiento médico de sus lesiones y sin indemnización, o han de acudir a la sanidad pública, con coste a cargo del Sistema de Salud, sobrecargado y con retrasos palmarios, o a la sanidad privada a costa de su propio bolsillo, si es que pueden permitírselo; y litigar después, en inferioridad de condiciones y con grave riesgo y gran coste, contra la poderosa aseguradora que les dejó desamparados.

VI

Existe, sin embargo, una vía útil más fácil y tan poco explotada, que ha pasado casi desapercibida. Se trata de la especialmente prevista en la Ley básica «reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica», nº 41/2002 de 14 de noviembre de 2002. 

El art. 20 de esta Ley establece el derecho-deber respectivo del paciente y centro médico de expedir el «informe de alta» al «finalizar el proceso asistencial».

Y, bajo la rúbrica «El alta del paciente» el artículo 21.2 de dicha Ley establece textualmente que:

«En el caso de que el paciente no acepte el alta, la dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del Juez para que confirme o revoque la decisión.»

VII

Ante la negativa de los centros médicos concertados con las aseguradoras de continuar el tratamiento médico, expidiendo, casi siempre por imposición económica de estas, un alta prematura que no se daría de atender los centros particularmente al paciente. Y ante la postura tantas veces manifestada por aquellos, remitiendo a dichos pacientes a su aseguradora para que sea esta la que pueda anular el alta médica, con un sesgo impropio que descalifica la profesionalidad médico sanitaria, los pacientes pueden hacer uso de este derecho que la Ley les reconoce y no aceptar el alta. 

VIII

El Director del centro médico, imperativamente «lo pondrá en conocimiento del Juez» para que este decida, lógicamente con remisión instantánea de todo el historial, tanto el obrante en el centro, como el que el paciente, con su queja, pueda aportar, y celebrada la oportuna comparecencia, con práctica de prueba en el acto y con carácter urgente, el Juez decidirá si confirma o revoca el alta del hospital, habiendo incoado al efecto el oportuno expediente de jurisdicción voluntaria, siendo su resolución inmediatamente ejecutiva, aunque carente de los efectos de la cosa juzgada (arts. 1.2, 19.4 y 20.2 de la Ley 15/15 de 2 de julio de Jurisdicción Voluntaria).

IX 

En el caso de que el director del centro médico incumpla la norma imperativa y no ponga en conocimiento del juez el conflicto, como la Ley  le ordena, además de incidir en responsabilidad, existirá base para sostener más adelante que el alta ha sido ilegal y, por tanto, nula de pleno derecho y carente de efectos, conforme al art. 6.3 del Código Civil, cuando se entable el proceso declarativo ulterior en reclamación de los daños y perjuicios causados al lesionado, incluyéndose en ellos los médicos y asistenciales que, por consecuencia de aquella alta indebida, haya incurrido después para proteger su salud.