Abogacía y legislación

Revista AJA nº 889, de 17-7-2014. Págs.3.

– I –

Desde siempre, la elaboración de las leyes ha sido tarea predominantemente de juristas y especialmente de abogados, por dos razones fundamentales: 1) sus conocimientos de derecho; y, 2) su proximidad a los casos concretos.
Estos conocimientos y esta experiencia les hace especialmente hábiles para el “diagnóstico jurídico”(1), es decir, para detectar los problemas y abstraer de su solución unas reglas generales, al objeto de su satisfactoria regulación.
Sucede, sin embargo, que en la actualidad la abrumadora mayoría de nuestros parlamentarios son funcionarios o están a sueldo de la administración, es decir, son burócratas, sin experiencia práctica y sin la libertad e independencia que el ejercicio de una profesión liberal conlleva. No asimilan que las leyes solo tienen que contener unas reglas generales claras y sencillas y que su aplicación al caso concreto se lleva después a efecto por los operadores jurídicos mediante criterios interpretativos que las adaptan a cada supuesto. Han caído en una hiperregulación espasmódica, incoherente e incluso contradictoria. Carecen, en definitiva, de aquellas dos condiciones básicas para legislar, comunes a los abogados.

– II –

Y siendo esto así, las leyes que se elaboran en los últimos tiempos adolecen de gravísimos defectos que las hacen por completo inidóneas para ser aplicadas y resolver los problemas que se plantean en nuestra sociedad día a día. Podemos destacar como ejemplos más notables los siguientes:

1.- La inflación normativa.- Lo que trae como efecto la plasmación en textos legales “de todas las ocurrencias normativas de los despachos burocráticos”(2), y lo que supone que “cuanto más normas se dictan, menos valor tienen”(3).

2.- La legislación como propaganda.- Se trata de leyes que “surgen con un título flamante y crean la ilusión de que se ha dado un enorme paso adelante en cuestiones que preocupan a la opinión pública” (4). Realmente contienen un gran porcentaje de normas ficticias de carácter simbólico, replicante, o simples declaraciones de propósitos, mandatos vacíos o encomiendas de regulaciones y estudios futuros. Dichas leyes están mayormente vacías de contenido propiamente normativo.

3.- La legislación de futuro.- Que como su propio nombre indica, no es más que una entelequia sin eficacia alguna, pues ninguna garantía existe de que vaya a entrar en vigor, ni de que las circunstancias previstas se vayan a dar al momento que se anuncia. Siendo incierto como es el futuro, solo se explica por motivos electoralistas, probablemente engañosos.

4.- Disposiciones legales interpretativas de sí mismas o de otras leyes.- Se trata de normas que imponen a los aplicadores jurídicos una determinada manera de interpretarlas forzosamente, lo que no lograrían de otro modo por ser dicha interpretación contraria a su espíritu y finalidad originales. Constituyen una tergiversación de la Ley que se impone coactivamente a su aplicador, por intereses lobbistas o espurios, generalmente.

5.- Leyes invasoras de la privacidad.- Son leyes que se inmiscuyen en conductas, acciones o comportamientos privados de los individuos o de las organizaciones sociales, invadiendo terrenos privados que les son totalmente ajenos, con un manifiesto abuso de poder y un afán regulatorio desmedido.

6.- Leyes degradadas.- Se trata de leyes que abordan cuestiones de ínfima o menuda relevancia, o que entran en detalles propios de una ordenanza secundaria, perdiendo el carácter general y abstracto consustancial a las leyes verdaderas, minusvalorando éstas.

7.- Leyes economicistas.- Son leyes dictadas o inspiradas por por “economistas iluminados”(5) que desconocen las instituciones jurídicas sobre las que proponen sus reformas, y son insensibles a la idea de justicia y a los valores irrenunciables de la Constitución, que resulta ninguneada por ellas.

– III –

En definitiva, se echa de menos la sensibilidad jurídica propia de los juristas(6) para evitar y corregir semejante desaguisado.
Dicho en palabras del que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Rodríguez Piñero “nuestro compromiso debe ser contribuir a la mejora del sistema jurídico, haciéndolo más acorde con las exigencias de la ciudadanía”.
Resulta pues imprescindible, volviendo a lo señalado al inicio, que los juristas y los abogados vuelvan a la política, entendida ésta en su más relevante sentido, el de la legislación, e incluso hagan lobby al efecto(7), con un cuádruple objetivo:
1.- Depurar el ordenamiento jurídico eliminando gran parte de la muy deficiente producción legislativa de los últimos tiempos.
2.- Producir en lo sucesivo normas legales sencillas y claras, correctamente redactadas y sistemáticamente coherentes, dejando a la autonomía de la voluntad de los particulares todo lo que no esté expresamente prohibido o regulado por estrictas razones de interés social.
3.- Refundir las normas que resulten válidas para su mantenimiento en textos uniformes y compilarlas con sus correspondientes remisiones, tablas de vigencias y derogaciones.
4.- Revisar el sistema de fuentes del derecho para dar preeminencia a los principios generales encuadrados en la propia idea de Justicia y en los demás valores que la Constitución proclama(8), desarrollando el mandato de su aplicación directa por todos los operadores jurídicos que contiene el art. 53 de nuestra Constitución.

Y es que, como ya afirmó Enmanuel Kant en su “Crítica de la razón pura”: “Es un viejo deseo, que quizá alguna vez se realizará, el de que en vez de la infinita variedad de leyes civiles se hallen finalmente sus principios. Pues solo en ello consiste el secreto para simplificar la legislación.”

(1) Ihering, El espíritu del derecho romano.
(2) García de Enterría, Civitas, 1999.
(3) Pendás García, El Notario, marzo 2014.
(4) Desdentado Bonete, La Ley, 12-1-09.
(5) Rodríguez Piñero, La Ley 8-11-13.
(6) Garriges, Abogacía Española.
(7)Cuatrecasas, Expansión Jurídico, 21-11-06.
(8)Discurso del Rey en la Escuela Judicial el 21-5-14.