CREATIVIDAD JURÍDICA Y PROGRESO SOCIO-ECONÓMICO

Revista AJA nº 934, 26-10-2017.

El derecho es, sin duda, como decía el maestro Ruíz Vadillo, una suma de aspiraciones a la Justicia, a la seguridad y al bien común. Pero al mismo tiempo es un poderoso instrumento generador de riqueza, en la medida en que puede facilitar o frenar el desarrollo económico.
La interacción entre economía y derecho es obvia. Los ejemplos son múltiples, tanto del lado de lo que se da, como de lo que se recibe: las indemnizaciones y las prestaciones de todo tipo fluctúan constantemente en atención a la percepción del nivel de vida de la sociedad, por parte del legislador o de los Tribunales.
Pero del mismo modo que la economía influye en el derecho, este influye también en la economía: instituciones jurídicas como la sociedad de responsabilidad limitada, las condiciones generales de contratación, el derecho concursal o la responsabilidad civil punitiva, son claros ejemplos facilitadores del buen tráfico económico, tutelado por el derecho.
Por contra, la “diarrea legislativa” que sufrimos, con imposición de multitud de trámites burocráticos y normativas complejas y contradictorias, no solo asfixian a los ciudadanos y a las empresas, sino que son el caldo de cultivo de la corrupción, comenzando por la más grave de ellas, la legislativa. Ya lo dijo Tácito: “corruptissima republica, plurimae leges”.

En nuestra modesta opinión, debería ser una exigencia imponderable establecer unas pautas que rijan, al menos en lo esencial, las relaciones económicas con un triple objetivo: 1º. Garantizar la igualdad de oportunidades entre los distintos operadores en el marco de una libre competencia, sin privilegios gubernamentales, ni interferencias espurias; 2º. Facilitar el progreso económico, mediante regulaciones claras y contundentes, pero mínimas; y 3º. Procurar una justa distribución de la riqueza emanada del tráfico económico, de tal modo que, sin perjuicio del lícito ánimo de lucro individual, esta llegue al conjunto de los ciudadanos y redunde en el bien común y en el progreso de toda la sociedad.

Quizás, entre los instrumentos jurídicos adecuados para apuntar a estos objetivos, puedan estar los siguientes:
Primero.- La búsqueda de la simplicidad legal a la que aludía el maestro Alonso Martínez cuando dirigió la promulgación de nuestro Código Civil, que no es más que traducción, “a sensu contrario”, del principio constitucional actual de que “los españoles son iguales ante la Ley” (art. 14).
Ello implica la depuración de la muy deficiente y exorbitante producción legislativa de los últimos tiempos, su simplificación y codificación uniforme.
Segundo.- El fomento de la innovación jurídica, esto es, la búsqueda de novedosas soluciones que pongan remedio a los nuevos problemas que se suscitan y faciliten el positivo desarrollo de la sociedad.
Ello requiere el estudio de los sistemas más avanzados, imaginación y sobre todo, sentido práctico, más allá de la mera vocación teórica o glosadora de textos existentes, al modo que hicieron los maestros juristas romanos de los tres primeros siglos a.C. (los “veteres”) que, como enseñó el maestro Wolf, actuando de este modo y utilizando el método dialéctico, fueron los primigenios creadores de los fundamentos del derecho.
Tercero.- La clarificación del sistema de Fuentes del derecho (art. 1 C. Civil), sentando la primacía de nuestra Constitución, no como mera declaración programática, sino con eficacia y aplicación directa por todos los operadores jurídicos.
Ello supone que los principios que en la Constitución se establecen, deban servir de reglas de derecho en la práctica de los Tribunales, para la resolución de cuantos concretos problemas vayan planteándose; de tal modo que ningún texto legislativo, del rango que fuere, pueda contradecirlos.